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Debido a la expansión del COVID19, la situación actual de salud en los Estados Unidos es trágica; se habla de más de 70,000 muertes y más de un millón de contagiados; así como de cambios en su forma de laborar y de vida. Los medios hablan de cómo el gobierno estadounidense continúa buscando la vacuna o una respuesta para contrarrestar las consecuencias del virus; así como de su pronta respuesta ante el desempleo y las emergencias médicas. Sin embargo, hay un sector que está a lo lejos y casi en las sombras de los medios: los migrantes.
Hemos de recordar que históricamente Estados Unidos es un país que se ha ido constituido de migraciones de todas partes del mundo, por ello su población en tan multicultural. De acuerdo a los datos del Migration Policy Institute se estima que hay 44.7 millones de migrantes, de forma legal. ¿Pero cuántos hay ilegalmente? En las estimaciones de Homeland Security indican casi 12 millones, los cuales a causa de la cuarentena son los más afectados.
Ser ilegal en Estados Unidos conlleva a no tener derechos de acceso a la salud, derechos laborales y de libre tránsito. Es como un efecto dómino que les hace su estancia más difícil al obtener ingresos. El efecto comienza con la falta de trabajo que actualmente se vive; desgraciadamente el 16% de los trabajadores tienen oportunidad de hacerlo por medio de Home Office, que deja a una gran mayoría en desventaja. Esto se debe a que la mayoría de los migrantes se dedican a trabajar en el tercer sector, al ser pausado de sus actividades, no tienen ingreso y con ello comienza su crisis económica.
Algunos se pueden preguntar sobre el famoso Tío Sam’s check. Éste fue un estímulo por parte del gobierno de Trump para poder ayudar a los estadounidenses a pagar sus necesidades básicas. Esta ayuda fue aprobada en marzo y entregada en depósitos bancarios. Por supuesto que para recibirlo se tuvo que identificar que hayan perdido el empleo, la forma más fácil fue el número de seguridad social de cada trabajador. Al ser ilegal no se tiene al dicho número y mucho menos el derecho a los 1,200 dólares del Tío Sam, ni los 500 dólares adicionales por cada menor de 16 años que hubiera en la familia.
Algunos migrantes están inconformes al enterarse que los dos requisitos eran el pago de impuestos y la situación legal, al ver sus nóminas se dieron cuenta que tienen su número de identificación fiscal (TIN), lo cual los hace cumplir con impuestos; pero por ser ilegales los deja sin ayuda. Lo que provocó molestia al no entender el porqué tienen derecho a tener su TIN, su obligación es pagar impuestos pero no hay derecho a la solvencia económica. Es cierto que el Tío Sam no siempre es tan dadivoso, aunque se está negociando el segundo estímulo fiscal, es seguro que no será aplicable a migrantes ilegales.
Es importante recordar que en el país del norte, el servicio de salud se hace principalmente por un seguro; el cual los migrantes ilegales no tienen. Eso complica su situación de salud, al ser infectados pueden no tener acceso a la hospitalización, cuestión que no cambió ni con el Obama Care. Por otro lado, el servicio de salud es sumamente caro, tanto que a veces los migrantes legales contratan sólo el seguro básico que no incluye hospitalización ni medicinas. Si hablamos del servicio de salud particular (nos referimos al costo individual) es un sueño para muchos, un simple chequeo puede costar 100 dólares, situación que conduce a quedarse en casa.
A esto se le suma la problemática actual de racismo. Según testimonios de médicos en Nueva York han asegurado la preferencia por dar servicio a los “blancos” (personas con características caucásicas), una médica aseguró que los afroamericanos, ciudadanos americanos con características asiáticas o latinas están siendo atendidos al final. Esto causó revuelo gracias a las declaraciones de Jerome Adams, portavoz de salud en Nueva York, el cuál aseguró que los afroamericanos estaban teniendo mayor riesgo de COVID19 por su estilo de vida y le rompía su corazón ver la desigualdad en el derecho de salud. Con esto se puede notar que una persona ilegal está en mayor desventaja por no tener el prototipo racial ni su estatus migratorio regular.
Por último, el problema de libre tránsito. Los migrantes también prefieren quedarse en casa, que ir a ver un médico privado o ir a negociar una posibilidad de ser revisados en alguna clínica pública; debido al miedo de ser deportados. Otros quieren ir a discutir por un mínimo de ayuda en sus trabajos, a pesar de que la ley laboral no los proteja, pero saben que eso puede ser otro motivo de que la policía venga por ellos. Otros que viven en estados con leyes migratorias más severas prefieren no salir, para que no vean sus rasgos físicos y sean víctimas de llamadas falsas donde aseguren que tienen COVID19, al momento de llegar la policía descubran su estado migratorio. En pocas palabras, ellos preferirán morir en casa en caso de estar infectados, que ser separados de su familia.
Como se puede notar el efecto dómino sí existe, al momento de no tener un estado legal se viene una serie de repercusiones, que en momentos como estos, donde la economía en Estados Unidos se está viendo afectada y se da preferencia a los servicios por situación legal, ellos están en desventaja. Ser migrante es como ser un fantasma para el Estado, no tienes derechos laborales, médicos, ni libertad de tránsito en la tierra de las oportunidades. A pesar de ser una gran fuerza trabajadora, visible en todo momento, son menospreciados y discriminados. Sólo de mexicanos ilegales se estiman 6 millones… 6 millones de abandonados.
Acerca de autor: Alexa Hernandez es egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la FCPyS de la UNAM. Mismo lugar donde fue docente auxiliar del Centro de Estudios de Relaciones Internacionales.
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