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“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino”
“Soy siervo de la nación porque ésta asume la más grandes, legítima e inviolable de las soberanías”
Las anteriores frases son atribuidas a Simón Bolívar y a José María Morelos respectivamente. Ambos hombres históricos para los pueblos latinoamericanos, específicamente de Colombia y México.
Pareciera que la historia de América Latina está condenada a los senderos de la periferia y subordinación que durante siglos le han tatuado los protagonistas y quienes hacen la historia. No es para menos, pues nuestra región (especifico que hablo de Latinoamérica, porque sería una grosería arrebatarle el título de América a los Estados Unidos) llegó demasiado tarde a la constitución de la modernidad y por ende, del nuevo orden mundial que con el capitalismo encontraría mejores condiciones económicas, políticas y culturales, claro esta, para aquellas naciones que lo forjaron desde las entrañas, no para aquellas que fueron descubiertas y civilizadas, pues ya mucho sacrificio había costado adoctrinar a los americanos como para que tuvieran un asiento en la misma mesa de las naciones privilegiadas. O quizá no, quizá Latinoamérica no llegó tarde y más bien ha sido protagonista desde un principio, precisamente la pieza esencial de todo el engranaje que compone hasta nuestro presente el sistema mundial, tanto político como económico; tanto social como cultural. Y es que todo centro necesita de una periferia a la cual subordinar, a la cual mirar como lo otro, como lo extraño y atribuirle la ausencia de lo positivo.
América Latina es un caso sui géneris en lo que respecta a la teoría de la democracia y el cumplimiento del imperio de la ley. ¿Qué pasa cuando los que deben velar por la seguridad y protección de la ciudadanía son los mismos perpetradores de la inseguridad y violencia en varios sentidos?
Las diferentes naciones que conforman el territorio latinoamericano se ven sometidas a un arrastre histórico de condiciones y características propias de un mundo distinto a Europa o de la herencia que tanto Estados Unidos y Canadá conservaron de ese mundo desarrollado. O’Donnell menciona algo muy importante, los derechos políticos se obtuvieron / otorgaron antes que los derechos civiles en Latinoamérica, aunque obviamente a cuentagotas, en donde el derecho a participar por medio de un sufragio cada vez más universal en una poliarquía de estas significa estar en una democracia formal, pero al fin democracia. Sin embargo, son los derechos civiles los que siguen siendo objeto de disputa aún hoy en día; mujeres, jóvenes, grupos indígenas y demás grupos vulnerables son las y los protagonistas que evidencian que la democracia necesita de un auténtico imperio de la ley, no uno a medias o a conveniencia.
Una democracia fuera del formalismo de régimen político necesita que el imperio de la ley sea aplicado de manera rigurosa para que los derechos y obligaciones, en el terreno de autonomía y responsabilidad sean ejercidos por la ciudadanía en su conjunto y por lo gobernantes. Sin embargo, la calidad de vida que se ofrece (o más bien se obtiene con uñas y dientes) en América Latina, en donde el poder adquisitivo termina por ser menor que el valor de la canasta básica, en donde la brecha educacional es abismal entre ciertos grupos y otros, en donde las propias autoridades judiciales (mismas que son las encargadas del bienestar de la sociedad) son sometidas a un ambiente de supervivencia ilegal y en donde el poder político se utiliza para proteger privilegios e intereses particulares en lugar de ejercerlo para un bienestar social, termina por crear un círculo de corrupción e impunidad en donde casi todo nivel social se ve involucrado.
El bajo nivel socioeconómico en Latinoamérica obliga a que un simple ciudadano recurra a la evasión de impuestos, a que un oficial de policía tenga que extorsionar a una cantidad mínima de personas a diario para incrementar sus ingresos mensuales y a que una gobernadora pueda aprovecharse de esto para usar recursos públicos y poder condicionar el voto en una elección, comprar lealtades en forma de clientelismo o deshacerse de personas incómodas para sus intereses.
Hasta el momento en el que escribo las presentes líneas, los casos de protestas y movilizaciones tanto pacíficas como radicales en Colombia están siendo repelidas por una brutal e inhumana fuerza estatal autorizada por el presidente Iván Duque, bajo la premisa weberiana de un Estado con posesión de la violencia legítima, está violando derechos humanos y anteponiendo intereses particulares de unos cuantos grupos. El intento de reforma tributaria en dicho país ha terminado por visibilizar los términos y condiciones que ayudas recetadas por parte del BM y el FMI siempre han contenido, recrudeciendo las condiciones de supervivencia de aquella ciudadanía de a pie que cansada de abusos ha tomado los espacios públicos para exigir el cumplimiento cabal de un Estado de derecho y de un imperio de la ley.
De igual forma, México está viviendo momentos tensos en cuanto a la estructura política que mantiene y la legitimidad del Estado de derecho que parece poseer a duras penas, pues hasta el mismo momento en el que escribo el presente texto, las secuelas de la tragedia de la noche del lunes 4 de mayo de 2021, en donde la línea 12 del Metro de la CDMX colapsara por un caso total de negligencia, las víctimas ascienden a decenas de muertos y casi un centenar de heridos. Pasa en un momento en el que las elecciones intermedias se encuentran a la vuelta de la esquina, por lo que tal tragedia se ha politizado hasta el cansancio por parte de opositores al gobierno en turno. Sin embargo, es claro que las denuncias que se han dirigido hacia Palacio Nacional no son erradas, pues tanto el actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como el actual presidente nacional de Morena, Mario Delgado, fungían como Jefe de Gobierno y Secretario de Finanzas del antes Distrito Federal respectivamente en el momento en el que dicha línea de transporte se realizaba, mismos personajes que actualmente se encuentran en la llamada Cuarta Transformación de la vida pública de México. Aunque como cereza decorativa de tal caso a todas luces de negligencia y corrupción en el financiamiento de dicha obra pública, se encuentra Grupo Carso, maquinaria del empresario mexicano Carlos Slim y quien actualmente figura como pieza clave y certeza en materia económica del gobierno de AMLO.
Ahora bien, habrá que estar con mucha atención al proceso que iniciará con la intervención del peritaje internacional para que se esclarezcan las causas de tal tragedia y, finalmente, se encuentren culpables y estos sean castigados por tal daño a la ciudadanía de a pie. El imperio de la ley deberá ser vigilado por un Estado de derecho que parece brillar por su ausencia.
Latinoamérica se encuentra en el foco internacional por ciudadanas y ciudadanos colombianos que en la lucha por sus derechos civiles y políticos, se encuentran siendo violentados en derechos humanos, con muertes y represiones por parte del Estado que demuestran la democracia de cristal en la que se encuentra Colombia; situación parecida en la que se encuentra México, en donde ciudadanas y ciudadanos que luego de una ardua jornada laboral para ganarse el salario mínimo han muerto debido a una tragedia que ha terminado por evidenciar que la corrupción y la impunidad están lejos de desaparecer.
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Referencia
O´Donnell, Guillermo, 2002, “Las poliarquías y la (in) efectividad de la ley en América Latina”, en Juan Méndez, Guillermo O´Donnell y Paulo Sérgio Pinheiro, comps., La (in) efectividad de la ley y la excusión en América Latina, Buenos Aires/Barcelona/México, Paidós, pp.305-336.
Acerca del autor: Héctor Sánchez es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública y Sociología.
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