By Miguel Arroyo

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En la ciencia económica, el estudio de la competencia es esencial para entender el surgimiento, comportamiento, y funcionamiento de los mercados. Sin competencia los mercados son una estructura que no asigna eficientemente los recursos existentes, y las leyes de oferta y demanda dejan de operar, para convertirse en decisiones unilaterales de empresas que controlan a conveniencia el mecanismo de precios.

En teoría, cuando una economía de mercado tiene problemas para sostener los procesos de libre concurrencia y competencia, los precios se indeterminan, y es probable que la economía en su conjunto, enfrente ineficiencias productivas que se traducen en cadenas de producción anticompetitivas. Un contexto indeseable, pero con posibilidad de ser contrarrestado mediante una forma de acción que prevenga y/o desincentive la falta de competencia.

Si el mercado no se autorregula, como generalmente se cree, entonces un agente externo (el Estado) tendrá que intervenir en las actividades donde el mercado no ejerce un mecanismo de precios confiable. Cuando un mercado no puede alcanzar su eficiencia de asignación, el Estado puede intervenir a través de políticas publicas que traten de resolver esta problemática. En este punto, el estudio de las herramientas para atender las fallas de mercado, y que la economía publica (o del sector público) esta encargada de valorar, se vuelve crucial en el cumplimiento de los estándares de gobernanza económica (Stiglitz, J. 2003).

Las fallas de mercado se han estudiado en economía por mucho tiempo, desde como surgen, su dinámica, y su desaparición. Incluso cada libro de microeconomía tiene su propia definición. Pero en la práctica, hacer una clasificación estricta de ¿Qué es una falla de mercado? y ¿Cómo se puede solucionar?, presenta confusiones. Esto, porque es poco probable que una falla de mercado sea provocada por un único factor, y más bien sea resultado de una serie de acciones que hacen a un mercado estructuralmente; concentrado, poco competitivo, con situaciones de externalidad o con elementos de bien público. En cada situación, tanto las herramientas de intervención pública, como los resultados obtenidos, varían de acuerdo a la naturaleza de cada mercado.

El análisis de fallas de mercado se complica, ya que la intervención pública es falible, y un diagnostico equivocado, o un conflicto de interés entre autoridad reguladora y regulado, pueden tergiversar el proceso de intervención. Se dice que, si se gasta 5 pesos para obtener 5 centavos, entonces estamos ante una falla de Estado.

Si el escenario económico permite que no exista una falla de Estado o sea poco probable que ocurra, entonces la intervención pública es conveniente. De tal forma, la regulación económica y la política de competencia, serán herramientas que permitan solucionar las fallas de mercado, cada una dentro de su propio margen de acción. Dicho margen puede ser compartido, aun así, existe una regla muy clara entre política de competencia y regulación económica, la primera es menos intervencionista que la segunda.

En muchos aspectos, la política de competencia proporciona un marco más apropiado que la regulación económica directa, ya que el comportamiento comercial en mercados que están potencialmente sujetos a la competencia, implica una intervención mínima y una dependencia máxima de las fuerzas del mercado (Anderson, R. Hollander, A. Monteiro, J. Stanbury W. 1998). No obstante, puede haber una necesidad continua de regulación sectorial en el contexto de las industrias de red, como tal es el caso de los servicios públicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y transporte) que a menudo requieren de una experiencia técnica y un seguimiento especializado.

Mientras que el análisis de prácticas monopólicas mediante política de competencia, infiere el surgimiento de un monopolio que no necesariamente existe, la regulación económica tiene un diagnóstico previo de la existencia de uno. Asimismo, puede existir un importante factor de economías de escala, que suponga la existencia de un monopolio natural. Dicho de otra forma, la competencia económica es atendida por la regulación económica como una herramienta ex ante, y ya establecido un monopolio, y la política de competencia como una herramienta ex post, exista o no un monopolio.

Al plantear una situación donde es posible que exista una falla de mercado, la cuestión de si ¿es mejor actuar con política de competencia o regulación económica?, es determinante. Si dicha falla ocurre en un mercado con perspectivas de competencia, la política de competencia es una opción. Si no hay perspectivas de competencia, la regulación económica tiene cabida.


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Referencias bibliográficas:

Anderson R., Hollander, A. Monteiro, J. & Stanbury, W. (1998). Competition Policy and Regulatory Reform in Canada, 1986-1997. Review of Industrial Organization, 13(1/2), 177-204. Recuperado de www.jstor.org/stable/41798796

Stiglitz, J. (2003). La economía del sector público (Vol. 24). Antoni Bosch Editor.


Acerca del autor: Miguel Arroyo es maestro en Economía por la UNAM. Actualmente desarrolla proyectos de asesoría en política macroeconomica y regulación ferroviaria. Sus líneas de investigación son la economía pública y el desarrollo económico.