By Lesly Ruiz

Correo: leslyruiz13@politicaladvisorsapc.com


Actualmente la situación del gas en México atraviesa una situación que ha sido de interés público ya que se ha visto envuelto en una disputa entre el Gobierno Federal y el sector, debido a su último aumento de precios, incumpliendo así unas de las máximas promesas de gobierno.

En la primera semana de junio, se vendió en promedio en 12.94 pesos por litro, en el mismo periodo de 2020 el precio era de 9.99 pesos por litro. En lo que va del año, el gas licuado también acumula un alza de 10.69%. En enero de este año se vendía en 11.69 pesos por litro, de acuerdo con los registros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El presidente, ha culpado a los empresarios de un pacto en el aumento de precios, mientras que los especialistas del sector aseguran que las alzas son resultado de un aumento en el precio internacional del energético, que a su vez es consecuencia de varios factores: un efecto retrasado de la baja de producción durante el momento más alto de la pandemia, un crecimiento de la demanda industrial de petroquímicos y una recuperación en las principales actividades económicas.

Recordemos que antes de entrar en vigor la Reforma Energética, los precios eran determinados por el Gobierno Federal, ya que se había establecido un precio máximo fijo dividido en 145 regiones del país. Posteriormente a la liberación del precio en enero del 2017 los participantes pueden fijar el precio a partir de los índices internacionales.

La respuesta del gobierno ante esta situación fue la creación de Gas del Bienestar una filial de la Estatal PEMEX, en la que se pretende traer más competencia al mercado de distribución de gas, obligando así a los otros a reducir sus tarifas de venta al público. Además de anunciar que se impondrán precios máximos para su venta.

Especialistas en el sector aseguran que su creación sólo se puede traducir en pérdida, ya que de entrada el gasto de su creación implica deuda para la compra de terrenos, vehículos, almacenaje, personal y gastos administrativos. Además de no resolver el problema, hay que entender que los precios son fijados por parámetros internacionales y no por subsidios.

“Si queremos resolver el problema de fondo, evitar que las gaseras abusen y terminar con sus prácticas oligopólicas, la Sener, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica no deben renunciar a su capacidad legal de regular el mercado y sancionar a las empresas que lo distorsionen contra los consumidores. Desde el inicio de la actual administración, se han relajado las medidas de investigación y sanción, privilegiando a las compañías involucradas”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado que una empresa así acabaría destruyendo el mercado, por las condiciones asimétricas que se generarían, y al final de cuentas le costaría miles de millones de pesos al Estado mexicano. Estatizar no soluciona los problemas que origina la oferta y demanda, y más que para hacerlo se estará endeudando a las próximas generaciones.


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Acerca del autor: Lesly Ruiz es Lic. En Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

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