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Durante la larga campaña política de Andrés Manuel López Obrador uno de los temas centrales fue la política energética que tendría tres propósitos: extraer petróleo, refinarlo y producir energía eléctrica. Todo con la intención de fortalecer a las paraestatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El pasado 29 de enero el presidente envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que busca privilegiar particularmente a CFE al darle a sus centrales de generación prioridad en el despacho para el sistema eléctrico nacional, haciendo a un lado la participación de las centrales de energías renovables y perjudicando la competencia en el sector.
La iniciativa busca que las centrales hidroeléctricas sean las primeras en despachar energía; luego las plantas termoeléctricas, nucleares, geotérmicas y de ciclo combinado de CFE; la energía eólica y solar de los particulares y, al final, las centrales de ciclo combinado de la iniciativa privada. En el esquema actual, las centrales con un menor costo de producción tenían la prioridad en el despacho a la red, que eran las privadas.
La reforma le otorga a los criterios de planeación, lineamientos y otros instrumentos regulatorios un papel clave en el ordenamiento del sector. La reforma crea figuras como la «central eléctrica legada», aquella que es propiedad del Estado y su construcción es independiente de su modalidad de financiamiento.
En el artículo 4 de la ley, que dispone que la generación y comercialización de la energía eléctrica están sometidos a un régimen de libre competencia, se modificó la fracción primera para condicionar «cuando sea técnicamente factible» el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución.
En su análisis de la iniciativa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierte que como las centrales hidroeléctricas no pueden satisfacer la demanda de electricidad del país, las principales beneficiadas serían las plantas más contaminantes de la CFE que generan energía eléctrica a partir de combustóleo y carbón y que tienen costos más altos que el resto, lo que tendría implicaciones ambientales negativas a nivel local y global.
De acuerdo con los especialistas, la iniciativa –que debe ser votada por ambas cámaras en 30 días al ser una propuesta preferente del Ejecutivo– podría representar un impacto negativo en la atracción de inversiones, en las finanzas públicas, en la competencia entre productores, en el medio ambiente, en las tarifas para los consumidores y en tratados comerciales internacionales, como el T-MEC. Desde distintas trincheras, el sector privado, académicos y consultores han solicitado que no se apresure la legislación.
Más allá del revuelo y las pasiones, los prejuicios y el encono, el debate eléctrico brinda la oportunidad de traer a la luz pública los problemas que será necesario resolver, para que no falte electricidad y la transición energética no se detenga. Algunas dificultades ya eran del dominio público, otras solo eran conocidas por los especialistas.
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Acerca del autor: Lesly Ruiz es Lic. En Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
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