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El 1° de julio de 2018, una luz de esperanza para México se asomó en la plancha del Zócalo. La democracia que el pueblo clamaba era abanderada por un movimiento de regeneración nacional que prometía llevar a cabo una trasformación de la vida política y social del país. Andrés Manuel López Obrador prometió un futuro brillante, alejado de las malas prácticas y resultados que caracterizaron a las administraciones pasadas. Hoy 3 de octubre del 2020, dicha promesa dista mucho de ser una realidad. La esperanza se convierte en decepción, el movimiento de regeneración divide al país, la transformación no impulsa, al contrario hace retroceder, se vislumbra un futuro opaco. En pocas palabras, hoy México “camina hacia atrás”.
El día 20 de septiembre del 2020, se presentó un hecho sin precedentes que aceleró la marcha en retroceso del país. Diversos medios de comunicación y redes sociales hacían eco de la posible desaparición de los fideicomisos para el financiamiento de la ciencia y la investigación en México. El gobierno federal creyó conveniente recortar recursos financieros a uno de los pocos sectores que impulsa y coloca al país en el escenario internacional. Sin duda se necesitan agallas y poca visión a futuro para tomar una decisión tan trascendental y equivocada que sólo desmorona la credibilidad e imagen del ejecutivo federal y su administración, y de paso perjudica al país.
Ante tal situación surge una serie de preguntas: ¿Qué motivo al gobierno federal tomar esta postura?, ¿Qué impacto tiene la investigación y la ciencia en nuestro país?
Primeramente, una de las causas de este recorte es la corrupción de las instituciones líderes en investigación y ciencia. A través de los fideicomisos, el CONACYT desviaba el 40% de los recursos a privados, es decir, el equivalente a 17, 819 millones de pesos eran otorgados a asociaciones privadas.[1] Cabe aclarar que este dato corresponde al periodo 2012-2018, es decir, al tiempo donde Enrique Peña Nieto encabezada el ejecutivo federal. Eran evidentes los casos de corrupción durante esta administración y no es de esperarse que instituciones como el CONACYT hubieran incurrido en dichas artimañas. Como vivencia personal puedo mencionar que inclusive universidades como la UNAM también llevaban a cabo dichos actos. Sin embargo, ¿Por qué se está cuestionando a la institución y no al régimen que la arropa? ¿La honestidad y honradez no iban a ser los valores que caracterizaran al personal que entró en la nueva administración? Más que evidenciar los vicios de las instituciones, ¿Por qué no se señala que el “humanismo” y valores que el régimen implantó en la administración y burocracia han fallado o no son funcionales?
Con las interrogantes anteriores no se busca justificar la corrupción que sí existe en el sector académico. Se pretende reflexionar acerca de cómo el régimen no ha podido erradicar las prácticas a las cuales desde el día uno se les ha referido como indeseables. Como opinión, considero más importante reestructurar aquellas instituciones encargadas de vigilar el actuar de órganos centralizados, descentralizados y desconcentrados, es decir, prestar mayor atención al proceso de evaluación, control y sanción de los programas, políticas e instancias implementadoras para erradicar la corrupción en la administración.
El grado de injerencia de la ciencia y la investigación en un país, condiciona su porvenir, crecimiento y/o desarrollo. David Romo sugiere que: “en áreas estratégicas para el desarrollo humano como la agricultura, salud, información, transporte y energía (…) puede contribuir a reducir los niveles de pobreza e incrementar las capacidades humanas de la población”.[2] El desarrollo tecnológico como una ciencia aplicada, esta correlacionado al crecimiento y desarrollo económico de un país. Según la OCDE, los países que aceleraron el desarrollo de patentes experimentan un crecimiento en su productividad total.[3] Por ello, “el gobierno debe jugar un papel importante en la promoción de la innovación tecnológica, (…) constituyendo una política científica (…) que otorga recursos monetarios públicos (…) y mantiene un ambiente regulatorio que aliente la inversión en actividades científicas y tecnológicas”[4] Ante tal premisa, es evidente el daño que el gobierno federal y el Congreso de la Unión ocasionarían para el país. No sólo la comunidad científica en México debería expresarse en contra de este acto, la sociedad en general debería exigir la revocación de esta iniciativa. Recientemente se llevó a cabo una “consulta ciudadana” para encarcelar a los ex presidentes por actos de corrupción. De llevarse a cabo la desaparición de los fideicomisos para la ciencia y la investigación, sería ejemplar y justo iniciar otra consulta para castigar a Obrador por este acto de entredice el futuro del país.
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[1] Arturo Ordaz Díaz, 2020/09/07, El 40% de los recursos de fideicomisos del Conacyt se desviaron a privados en el sexenio de EPN: directora, Forbes México.
[2] David Romo Murillo, “El impacto de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo de México” en Carlos Bazdresch Parada, Programa de Ciencia y Tecnología, México, CIDE, 2005, p. 249.
[3] Loc. cit.
[4] David Romo Murillo, op. cit., p.251.
Acerca del autor: Adrian Garcia es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Ha trabajado en algunas organizaciones políticas e instituciones gubernamentales de índole financiera y estadística.
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