Correo: garciacastilloadrian@politicaladvisorsapc.com
El sector energético en el país ha vivido un estancamiento consecuencia de decisiones políticas que frenan su desarrollo. Se sigue alentando la utilización de un anticuado modelo de energía basado en la extracción de recursos no renovables que, actualmente, ya no pueden sostener la economía del país por la volatilidad de sus precios y más aún, por el severo daño ambiental que ocasionan.
La opinión internacional advierte la necesidad de sustituir estos recursos lo antes posible. Se tiene una agenda que establece como fecha límite el año 2030, sin embargo, no da cuentas de los procesos que se deben de llevar a cabo para poder alcanzar dicho objetivo basado en la utilización de recursos renovables o energía alternativa. Desafortunadamente, el desuso de bienes como el petróleo o el gas natural a corto y mediano plazo podrían generar una crisis severa en economías como la mexicana que basan gran parte de sus ingresos en la comercialización de estos bienes. Por ello, la sustitución debe llevarse con cuidado y estar muy bien planificada a fin de mitigar los efectos negativos que esto supondría.
Hay que dejar en claro algo, la sustitución es la segunda etapa y final de este nuevo modelo energético. Primeramente se debe de pensar en un proceso de diversificación que modifique la forma en que se gestiona el sector energético del país para abrir paso a las nuevas fuentes alternativas de energía.
La gestión en México ha estado en control de dos empresas paraestatales (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) de índole descentralizada y el gobierno federal a través de sus dependencias especializadas. A pesar de la participación de órganos descentralizados, la gestión energética del país esencialmente, está a cargo de muy pocas instancias. Las decisiones tomadas hasta la fecha, no reflejan la intención de implementar el nuevo modelo energético. Esto quizá es consecuencia de las limitaciones técnicas de los gestores del sector energético, además de la poca participación de otras instancias no gubernamentales que alienten el uso de energías renovables.
Por ello, un proceso lógico y anterior a la diversificación del sector energético es la descentralización administrativa del mismo. Bajo la premisa de la Nueva Gestión Pública, una descentralización administrativa tiene la intención de eficientar el ejercicio administrativo mediante la flexibilización del esquema de atribuciones y poder político.[1] Esta descentralización provendría desde el gobierno central con la intención de transferir responsabilidades en cuanto a la planeación, consecución y evaluación de políticas hacia otros niveles de gobierno, dependencias u organizaciones gubernamentales y no gubernamentales[2]. Si se llevará a cabo este proceso de descentralización, la participación en la gestión del sector energético estaría fundada en la cooperación estrecha entre gobierno, dependencias gubernamentales y no gubernamentales, además de su fortalecimiento.
Así pues, el fortalecimiento de los órganos descentralizados ya existentes debería ampliar su capacidad científica y/o técnica, a fin de explorar nuevas alternativas que diversifiquen el sector energético. Por ejemplo, Si analizamos la estructura orgánica[3] de Pemex uno de los principales gestores de la energía en México, notamos la usencia de responsabilidades en caminadas a estos rubros. Por ello, la descentralización administrativa debería de derogar a esta instancia la responsabilidad de desarrollar y aprovechar nueva fuentes de energía alternativa para que en base a técnicas científicamente validadas, se de paso a una diversificación económica del sector energético[4].
Este proceso es propuesto con base a la experiencia analizada de la diversificación del sector energético islandés en donde el gobierno central creó una dependencia descentralizada que se encargó del aprovechamiento de la energía geotérmica e hidroeléctrica basado en un modelo multidisciplinario de investigación que ayudó en gran medida a sustituir paulatinamente, las energías de origen fósil o no renovables[5].
La explotación de recursos renovables no es un tema ajeno en México. El actual gobierno ha identificado en la biomasa, la oportunidad de generar energía renovable con consecuencias menos dañinas para el medio ambiente. En algunas regiones rurales del país, ya es una realidad el uso de estas fuentes alternativas, sin embargo, su uso es de carácter doméstico.[6] Para aprovechar de mejor manera los avances que los pequeños innovadores han llevado acabo, el gobierno central debería de derogar a los municipios la creación de espacios para que la innovación crezca y entre en contacto con la iniciativa privada, dando como resultado la atracción de inversión para el desarrollo de estas fuentes alternativas de energía y finalmente, a la diversificación del sector energético si llevara a una escala nacional.
Conclusiones:
El sector energético en México ha queda muy rezagado en comparación al resto del mundo que desde la crisis energética en la década de 1970, ha tratado de buscar fuentes alternativas de energía que sustituyan a las de origen fósil. Una constante entre aquellos países que han tenido éxito, es la presencia de instituciones sólidas que fomentan la investigación multidisciplinaria para tener un mejor entendiendo y aprovechamiento de estas fuentes alternativas. Asimismo, la cooperación del gobierno central con otros órdenes de gobierno y la apertura para que la iniciativa privada pueda invertir en el sector energético, complementan y enriquecen la gestión del sector energético, dando como resultado autonomía energética, ingresos contantes y el poco o nulo deterioro del medio ambiente.
La administración actual parece fomentar los vicios que desde hace 50 años tiene el sector energético del país. En las propuestas de campaña se hablaba de llevar a cabo una descentralización administrativa fin de eficientar la acción gubernamental pero, no parece ser llevada a cabo o solo se remetía a términos geográficos. Este proceso descentralizador que puede diversificar al sector energético, desafortunadamente debe de llevarse a cabo desde el nivel jerárquico superior del esquema de atribuciones administrativas, es decir, debe de ser fomentada desde el gobierno central. También es cierto que desde el ámbito local se han hecho avances un tanto significativos, sin embargo, no son lo suficientemente fuertes para llamar la atención del gobierno central y solo son parte de un artículo de opinión del aparato propagandístico gubernamental.
[1] María del Carmen Pardo. La descentralización en México. pp. 116-117
[2]María del Carmen Pardo, Ibídem.
[3] Si analizamos el estatuto orgánico vigente de Pemex no se encontrara alguna área o coordinación que tenga bajo sus responsabilidades principales, la innovación tecnológica en base a conocimiento científico para el aprovechamiento de nuevas fuentes alternativa de energía. Para más información consúltese http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n231_26jul19_estatuto.pdf, pp. 22-27
[4] No se plantea la idea de que el gobierno central actual llevaba a cabo un proceso de investigación para aprovechar nuevas fuentes alternativas de energía. De antemano se afirma que esta actividad es inexistente dentro del esquema de gestión del sector energético en general. Por ello se propone la creación de la misma y que la responsabilidad de su consecución este bajo el control de las empresa paraestatal que en teoría, debe de ser quien la lleve a cabo.
[5] Sveinbjörn Björnsson . Geothermal Development and Research in Iceland. 2010. pp. 32-33
[6] Gobierno de México, Biomasa: creación ecológica de energia, recuperado el 19 de junio de 2020 de: https://www.gob.mx/agricultura/articulos/biomasa-creacion-ecologica-de-energia
Acerca del autor: Adrian Garcia es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Ha trabajado en algunas organizaciones políticas e instituciones gubernamentales de índole financiera y estadística.
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