Correo: luisislas@politicaladvisorsapc.com
En los últimos años, la productividad laboral en México ha crecido a un ritmo lento; entre 2006 y 2018 la productividad laboral creció a un promedio anual del 0.4% (según datos del INEGI); entonces, si la productividad del trabajo se ha visto estancada en los últimos años significa que lo que produce un trabajador también se ha visto estancado y, por ende, su salario.
Según el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE)[1], elaborado por el INEGI, de 2007 a 2008 la productividad laboral disminuyó su ritmo de crecimiento en -1.2%; sin embargo, el 2009 fue el año más adverso para el indicador, cuando decreció -6.7%, lo que revela el intenso impacto que representó la crisis económica de 2008 – 2009 en las condiciones productivas de México. No fue hasta el 2015 que se recuperaron los niveles de productividad laboral del 2007. Desde el 2010 el indicador presenta tasas de crecimiento positivas pero dicho crecimiento no es acelerado y francamente muestra señales de estancamiento. En los últimos cuatro años el crecimiento de los niveles de productividad laboral en México ha sido prácticamente nulo.
El promedio nacional del valor agregado por trabajador, es decir de la productividad laboral, en el 2009, fue de $264 mil pesos; mientras que para el 2014 fue de $277 mil pesos, un aumento de 4.7% ($12 mil pesos) en cinco años, por lo que se podría argumentar que los niveles de la productividad del trabajo se han mantenido prácticamente estancados en los últimos años.
Ahora bien, ¿cuáles han sido las consecuencias económicas de dichos niveles de productividad laboral?; el crecimiento de la productividad es fundamental para impulsar el crecimiento económico y viceversa (OCDE, 2014). En pocas palabras, el aumento del nivel de la productividad laboral es importante para incrementar el ingreso, y consecuentemente, el bienestar de la población.
De acuerdo con datos de la ENOE, la población ocupada en México pasó de tener un ingreso diario promedio de 2.4 salarios mínimos en el 2012 a un ingreso promedio diario de 2.1 salarios mínimos en el 2018; en términos absolutos esto quiere decir que el ingreso promedio paso de $149.4 pesos a $191.1 pesos por día en el periodo mencionado, esto equivale a un aumento nominal del 28.1%; pero, tomando en cuenta que inflación acumulada en ese periodo fue de 27.4%, resulta que el ingreso real de los trabajadores únicamente aumento 0.5%.
Entonces, con estos datos y los anteriores, se muestra que tanto la productividad laboral, como los ingresos de los hogares, han permanecido estancados en los últimos años.
Actualmente se estima que más de 54 millones de personas conforman la población ocupada de México[2]. El 19.6% del total, equivalente a casi 11 millones de personas, reciben como ingreso lo equivalente a un salario mínimo, el 31.6% recibe hasta dos salarios mínimos y el 18.1% hasta tres salarios mínimos. Es decir, el grueso de la población ocupada en el país, el 69.3%, recibe como ingreso máximo hasta tres salarios mínimos. El 8.3% recibe hasta cinco salarios mínimos y únicamente el 3.1% recibe un ingreso superior a cinco salarios mínimos. El 18.9% de la población ocupada no recibe ingresos o no especifica el monto de estos.
La segmentación salarial en el mercado laboral mexicano se puede agrupar en tres subsectores, según Hernández Laos (2013): 1) un mercado formal, predominantemente urbano y suburbano, que opera en establecimientos de mediano y gran tamaño, en segmentos modernos de actividades agropecuarias, manufactureras, comerciales y de servicios; 2) un mercado de trabajo urbano de carácter informal, que opera en dos niveles: uno relativamente integrado con el sector formal, constituido por fracciones de auto – empleados, y otro residual, tanto de auto – empleados como de asalariados con escasos niveles educativos, de productividad y remuneraciones que permanecen en la informalidad en espera para insertarse como asalariados en el sector formal – urbano de la economía; 3) un mercado de trabajo informal suburbano y rural (fundamentalmente agrícola y tradicional), en el cual los trabajadores menos calificados laboral de manera muy poco integrada con el mercado laboral del sector formal – urbano de la economía[3].
La informalidad laboral es un fenómeno sumamente arraigado en la economía mexicana. La informalidad laboral enmarca todas las ocupaciones y formas de producción que son ejercidas por individuos cuyas condiciones de ingreso y de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal y, al estar fuera de cualquier regulación legal, las personas que se desempeñan en actividades informales carecen de los beneficios sociales atribuidos al sector formal, por ejemplo, las pensiones, la seguridad social y el acceso a los servicios de salud, entre otras prestaciones[4].
La informalidad es un fenómeno extendido en México; según datos del INEGI, para el 2018 la tasa de informalidad de la economía mexicana fue del 56.68%, indicador que, de hecho, viene a la baja, de 2009 a 2012 el promedio del indicador fue de 59.2%, de 2013 a 2018 el indicador se redujo a 57.5%, pero que aún representa un problema sumamente extendido en la economía mexicana
Poniendo el argumento anterior en contexto internacional, América Latina es una de las regiones con mayor población en el sector informal de la economía; en 2018, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), había 130 millones de trabajadores latinoamericanos en el sector informal (OIT, 2018). Bolivia es el país latinoamericano con la mayor tasa de informalidad de la región, alrededor del 80%, seguido de México con 57%, 47% de Argentina y 46.5% del Perú. Ecuador es el país de la región con la menor tasa de informalidad: 27.2%. Sin embargo, nuestros países se encuentran rezagos frente a los países europeos, cuyo porcentaje de informalidad, en el 2018, fue de 6.5% (OIT, 2018).
La naturaleza de las actividades económicas informales consta de ciertas características: una administración no muy eficiente, poco capital, empleo de mano de obra intensiva, poco uso de tecnología, débil formación jurídica, empleos inestables, pero, sobre todo, se caracterizan por tener bajos niveles de productividad. Entonces, si gran parte de la población se desempeña en actividades de baja productividad, como el sector informal, esto explicaría también los bajos niveles de productividad laboral de la economía mexicana en su conjunto y, por ende, los bajos ingresos de los hogares. Los efectos de la informalidad podrían estar incidiendo “crónicamente” y de manera negativa en los niveles de productividad del país.
Con tu apoyo podremos crear más y mejor contenido ¡Ayúdanos a seguir creciendo!
[1] “El IGPLE se genera al relacionar el PIB trimestral en términos reales con el número de ocupados en el país o el número de horas trabajadas. El resultado es el PIB (valor agregado) por persona ocupada o, en caso de utilizar el número de horas trabajadas, el PIB (valor agregado) por hora trabajada” (INEGI, 2015 p. 3).
[2] Según datos de la ENOE, elaborada por el INEGI.
[3] “La mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por no contar con otros medios de subsistencia” (Llamas, Martínez y Aboites, 2016 p. 215)
[4] “La informalidad se produce cuando los costos para las empresas y los individuos que conlleva el cumplimiento del entramado legal y regulatorio, superan los beneficios que derivan de éste” (Hernández Laos, 2013 p. 21).
Bibliografía.
Hernández Laos, E., (2013) “Legislación laboral, sector informal y productividad multifactorial en México” en Economía UNAM, Vol. 10, enero – abril, 2013, pp. 5 – 52.
OCDE, (2014) Impulsando la productividad y el crecimiento inclusivo en Latinoamérica. Publicación OCDE, París.
OIT, (2018) Panorama Laboral 2018. América Latina y el Caribe. OIT, Lima.
Acerca del autor: L. Alberto Islas es maestrante en Economía Social por la UAM – Iztapalapa; actualmente desarrollando la tesis: «Pobreza estructural y niveles de productividad. Un análisis regional; México: 2008 – 2018».
Deja una respuesta