By Martha Puente

Correo: martha.puente@politicaladvisorsapc.com


Durante las últimas semanas en los estados de Nuevo León y Aguascalientes se ha debatido una iniciativa que pretende restringir a los centros escolares sobre la manera en que hasta el momento imparten la educación a los niños y niñas que asisten a las escuelas.

Dicha medida es conocida como “pin parental” y exige que los padres tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier actividad que se desarrolle en el centro educativo.

Sobre todo aquellas que tengan que ver con diversidad afectivo-sexual, feminismo, identidad de género y el amplio espectro de la comunidad LGBTTTIQ. [1] A través lo que ellos llaman “objeción de conciencia”. Básicamente la iniciativa les permitiría desechar cualquier taller, platica o curso que no se adapte a sus creencias morales, religiosas o éticas.

La pregunta real es si los padres y madres le niegan la educación sexual o cualquier otro rubro del conocimiento a sus hijos e hijas ¿A quién se protege realmente? Ya que esta propuesta se centra en el derecho de los padres, no en el de las niñas y niños. [2]

Los hijo/as no le pertenecen a los padres o madres por lo que esta medida representaría una especie de censura previa para las actividades que llevan a cabo las escuelas, lo que en consecuencia  mina el derecho de los alumnos a la educación y censura la actuación de los centros docentes y a sus profesores.

Por ello es que los derechos de los padres y madres a elegir las cuestiones relacionadas con sus hijos e hijas jamás estarán por encima del derecho de los últimos a recibir una educación integral y libre de violencia o discriminación

Esta iniciativa fue impulsada en el estado de Nuevo León por el diputado Juan Carlos Leal Segovia del partido encuentro social (PES) que ya tiene dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León por “discurso de odio”.[3] Por otro lado en el estado de Aguascalientes la idea fue promovida por la diputada Karina Banda Iglesias perteneciente al mismo partido que Leal Segovia.

Si bien  dicha iniciativa fue promovida en un inicio en Nuevo león, el pleno del órgano legislativo no permitió que fuese aprobada, aunque hubo algunos legisladores que votaron a favor (20), 12 lo hicieron en contra y 9 simplemente decidieron no votar, evitando así que se diera la mayoría necesaria para lograr una reforma Constitucional. [4]

Sin embargo lo contrario ocurrió en Aguascalientes, donde la reforma fue aprobada con el apoyo de legisladores de casi todos los partidos, sin importar que fueran de derecha o izquierda.

Aunque aún queda una última opción para frenar el “pin parental” en Aguascalientes, ya que el pasado 28 de mayo la Secretaría de Gobernación tacho a la iniciativa en Nuevo León como contraria  a los derechos humanos y al interés superior de la niñez, por lo que aún queda la esperanza que la idea pueda ser frenada a través de una acción de inconstitucionalidad.

Si esta medida fallase el llamado “pin parental” aplicaría para la adecuación primaria, secundaria y preparatoria; con la idea de “proteger” a los niños, niñas y adolescentes de información que es demasiado “sensible” para ellos.

Según Juan Manuel Alvarado (presidente de familias fuertes unidas por México) la Ley de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes de Nuevo León establece que los padres pueden intervenir en la educación de sus hijos, pero a su vez esta Ley tiene como fin fomentar valores esenciales como el respeto tanto a las identidades diversas como a la propia.

En este sentido la ley general de derechos de las niñas, niños y adolescentes en su artículo 50 dice que deberá procurarse la educación sexual de los niños:

“Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de salud sexual y reproductiva”.[5]

Negarles esta oportunidad de información tendría consecuencias como aumento de los embarazos no deseados (adolescentes e infantiles), aumento en las violaciones y abuso sexual, además de las enfermedades transmisión sexual y el aumento a la discriminación contra las mujeres y la comunidad LGBT+.

Otra consecuencia grave sería el aumento en las enfermedades relacionadas a la salud mental como consecuencia de lo anterior, además de la brecha educativa gigantesca que existiría entre alumnos de los mismos cursos.


[1] https://news.culturacolectiva.com/mexico/que-es-pin-parental-iniciativa-que-podria-prohibir-educacion-sexual-y-genero-nl/

[2] Animalpolitico.com

[3] Recomendación 17/2019 de la CNDH

[4] https://www.homosensual.com/lgbt/gano-la-homofobia-aprueban-pin-parental-en-aguascalientes/

[5] Ley  general de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, artículo 50 fracción V.


Acerca del autor: Martha Puente es estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM.

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