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Según datos del INEGI, en México viven alrededor de 7.65 millones de personas con discapacidad, lo que equivale a un 6.4% de la población total. Esta cifra pertenece al año 2014, por lo que se espera que el número haya aumentado en los últimos años. Esta población sobrevive en nuestro país bajo estigmas y prejuicios que afectan su desarrollo dentro del mercado laboral, la sociedad, el sistema educativo, etc.
Ante esto recordemos que México es parte de la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU un tratado que desde el 2008 se rectificó en nuestro país y del que incluso fue promotor para su creación.
Desde la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica en 2001, se recomendó a la Asamblea General de la ONU considerar la elaboración de una Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad. Ese mismo año, México propuso plasmar en un tratado las normas y prácticas a seguir, para elevar la calidad de vida de alrededor de 600 millones de personas en el mundo de entonces, con algún tipo de discapacidad. (García Verastegui & Gispert Peláez, 2007)
Tras un intenso cabildeo diplomático, dicho órgano adoptó la Resolución 56/168, con lo que se otorgó el mandato para establecer un Comité Especial encargado de dar seguimiento a la iniciativa mexicana. Así, representantes gubernamentales, expertos y participantes de la sociedad civil organizada, nos embarcamos en un diálogo y en un intenso proceso negociador para concluir el primer instrumento jurídico internacional vinculante del siglo XXI. Era por tanto “… un tratado llamado a colmar un vacío inaceptable en el derecho internacional de los derechos humanos”. (Bustelo, 2007)
Finalmente, el documento se firmó en la ONU el 30 de marzo del 2007, se aprobó en el Senado de nuestro país el 27 de septiembre y se publicó el Decreto de Aprobación de la Convención, en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de octubre del mismo año, con lo que se pudo ratificar por México el 17 de enero de 2008. (Discapacidad, 2015)
En manera general, se afirma que con la CDPD no se crean nuevos derechos especiales para las personas con discapacidad, al revés, se intenta reconocer, de manera general y específica y en condición de igualdad a las demás personas, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos reconocidos en el sistema universal, y que los Estados Partes deben crear las condiciones necesarias para que tales derechos sean efectivos. (Foschiani, 2011)
A pesar de esto, las condiciones en las que viven las PcD no han mejorado, mostrando una clara relación causal entre la violación a sus derechos y su calidad de vida baja, peor aún, a estas alturas el gobierno actual trata a las PcD (personas con discapacidad) como sujetos de lastima y de manera asistencialista les otorga un apoyo bimestral de $2,620.00 MXN que según dentro de sus reglas operacionales sirve para que las PcD puedan ejercer sus derechos, buscando así “la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, indígenas y afromexicanos con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con discapacidad.” (Bienestar, 2020)
Podemos pensar que ante la situación de la pandemia este grupo mal llamado minoritario se encuentra en una situación de riesgo y desventaja en comparación con la población que no cuenta con una discapacidad, no solo por cuestiones de salud sino también de derechos humanos.
La comunidad internacional se ha preocupado por cuestiones como la pérdida de empleos, el rezago escolar y la violencia intrafamiliar, pero pocos se han cuestionado como esto afectará aún más a las PcD que de por si no cuentan con empleos fijos, bien remunerados, prestaciones y todos los derechos laborales.
Tampoco han pensado que el rezago escolar de este sector es un problema constante, una simple búsqueda en internet arroja lo siguiente:
Datos del ENADIS nos revelan que 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir y es que aunque se esté ampliando el sistema educativo, este solo se ha visto reducido en un porcentaje mayor en personas sin discapacidad. Así, mientras que solo el 3.7% de los hombres y 5.1% de las mujeres no saben leer ni escribir, esta carencia es mayor en personas con discapacidad donde 20.0% son hombre y 24.0% son mujeres.
En el tema de la asistencia, esta depende mucho del tipo de discapacidad que se presente en la persona, las que presentan menor proporción de asistencia son las que presentan algún tipo de discapacidad para moverse o usar sus brazos, tanto para hombres (11.5%) y mujeres (10.1%), comparándolas con los demás tipos de discapacidad. Teniendo en cuanta que la movilidad es una de las actividades básicas de la vida cotidiana.
En cuanto al nivel de educación predominante de la población con discapacidad de 15 años y más, en la primaria: de cada 100 personas 45 tiene terminado este nivel, 23 de 100 no tienen escolaridad y solo 7 cuentan con educación superior y otra buena parte no tienen nivel de instrucción (ENADID 2014). (Discapacidad, 2019)
Pensando en la violencia doméstica, en junio de este año Human Rights Watch elaboró un informe sobre la situación de violencia familiar hacia PcD, en el cual responsabiliza al Estado mexicano de no poder garantizar la protección de este grupo:
Sobre la base de una investigación realizada en 2018 y 2019, este informe documenta hechos de violencia ejercida por familiares contra personas con discapacidad residentes en cuatro estados de México: Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. Las personas entrevistadas tenían discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales. Los abusos sufridos incluyen violencia física, violencia sexual, abuso psicológico, descuido, confinamiento y amenazas verbales. Algunas personas adultas que viven con sus padres han padecido abusos desde la infancia. Entre las personas que cometen estos abusos se encuentran los padres, los familiares políticos, los padrastros y madrastras y otros familiares como los tíos. Este informe también documenta casos de hombres que abusaron de sus esposas con discapacidad.
Sabiendo esto es entendible que la discriminación sistemática hacia las PcD no es solo cuestión de que puedan o no satisfacer sus necesidades a través del mercado, es todo un engranaje en el que se interconectan situaciones de la vida diaria, como el simple hecho de poder ir a la escuela, tomar el autobús, hacer amigos, etc.
Ahora, ante la situación de la pandemia derivada del COVID-19, la violación a derechos humanos tan elementales, como la salud, se agravan para esta población ya que al ser un sector de alto riesgo su movilidad se encuentra más limitada y esto se traduce en consultas, estudios y terapias pérdidas.
Es importante que en México se tome en cuenta que hay sectores poblacionales que no se encuentran en las mismas posibilidades que la mayoría y esto se ha agravado por la pandemia y aunque es una situación que escapa de las manos de todos, saco a relucir las carencias y desigualdades que vive el mundo.
Este gobierno debe reconocer que un apoyo monetario no es suficiente para sobrellevar los gastos que genera la compra de medicamentos, adecuaciones en los hogares, compra o mantenimiento de prótesis, pasajes, dietas especiales, etc. Tampoco es suficiente para la supervivencia de aquellas PcD que fueron abandonados por sus familias y su única manera de sobrevivir es saliendo a la calle aun en tiempos de pandemia corriendo el riesgo de infectarse y agravarse su situación de salud.
Por otro lado es necesario abandonar la visión médica, asistencialista y paternalista que se tiene de las PcD que crea la falsa ilusión de que son personas incapaces de aprender, conocer, relacionarse y principalmente decidir sobre su propia vida y cuerpo, para esto es fundamental crear las condiciones necesarias para que este sector pueda contar con los mismos derechos humanos que alguien que no tiene una discapacidad, pudiendo decidir en su debido momento cuestiones tan básicas como sus amistades, pareja, empelo, profesión u oficio, etc.
Asimismo es importante que las PcD sean tomadas en cuenta dentro de la actividad política a miras de crear mecanismos institucionales encaminados a la participación e inclusión dentro de la sociedad y la toma de decisiones colectivas, contemplando que si no se les incluye no se podrá entender sus carencias y necesidades.
También es importante que se cumpla lo establecido dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Contrario a lo que muchos creerían no son necesarias nuevas legislaciones, sino que se cumplan los que ya se tienen.
Hablando no solo de México, el mundo debe reconocer que cualquiera se encuentra en riesgo de adquirir o desarrollar una discapacidad y esa es la importancia de garantizar sus derechos humanos, para poder vivir una vida plena a pesar de las limitaciones físicas y esto no dependa de tu nivel económico.
Como conclusión es preciso que las PcD participen de manera efectiva dentro de todos los procesos y ámbitos sociales, que se comprenda que son sujetos de derecho y no de caridad, que no se puede seguir excluyéndolos y creando acciones que solo los sigan atando a esa discriminación sistemática y de abuso psicológico, físico, moral, económico y hasta sexual.
Las PcD no se deben conformar con solamente unos baños incluyentes y un apoyo que pretende subsanar esas oportunidades negadas a lo largo de su vida y aunque la lucha por sus derechos muchas veces no podrá ser llevada a cabo por ellos mismos, como dije anteriormente todos estamos expuestos y de la misma forma todos deberían aportar un poco de si a esa batalla.
Finalmente invito a la reflexión de que la salud es algo tan frágil que se va de un momento para otro y con esta pandemia ha quedado más claro que nunca.
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Fuentes:
http://www.pudh.unam.mx/publicaciones/La_Convencion_10anos_despues.pdf
Acerca del autor: Claudia I. Bernardino es estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Interesada en la lucha feminista y por los derechos de las personas con discapacidad. Forma parte del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
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