El outsourcing bajo la mira de AMLO

By César Guzmán

Correo: cesarguzman13@politicaladvisorsapc.com


Una de las grandes causas por la que muchos mexicanos no cuentan con sueldos justos y derechos laborales indispensables es la subcontratación (outsourcing) a la que recurren muchas empresas para hacerse de los servicios de mano de obra, esto ha ayudado a que los empresarios que usan esta figura  puedan evadir el poder cumplir con los derechos que deben otorgar a sus trabajadores, logrando así no solo afectar a sus empleados al no otorgar un contrato formal sino también evitar cumplir con sus compromisos fiscales.

Hace unos días el presidente presentó una iniciativa de reforma para “poner en orden” el outsourcing, esta suprime la subcontratación de personal y solo permite dos modalidades de tercerización laboral: servicios u obras especializadas y agencias de colocación. La iniciativa contempla reformas a la Leyes del Trabajo, del IMSS, Infonavit, IVA, ISR y al Código Fiscal de la Federación; con el fin de que se pueda evitar la pérdida de derechos laborales y con ello defraudación al fisco, a lo cual el presidente ha afirmado genera “corrupción”.

La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde con respecto a la presentación de esta iniciativa, dijo que “las empresas van a tener que empezar a regularizarse en el corto plazo e inscribir en sus propias nóminas a sus trabajadores”, idea que justamente reforzó el discurso presidencial con respecto a la obligación que tendrán los empresarios para cumplir cabalmente la nueva regulación.

Desde la iniciativa privada, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que “la reforma debe regular la subcontratación y no prohibirla” y agregó que la iniciativa “incumple el compromiso de consenso con el sector privado”. Esto para resaltar que el outsourcing en México ha sido muy benéfico para el empresariado por la disminución en los costos de contratación desde que fue aprobado en el país. Con respecto a que debe haber consenso con el sector privado, la clase empresarial argumenta que este tipo de iniciativas en muchos casos aparecen de manera sorpresiva y podrían afectar de manera sustancial a la iniciativa privada.

Y es que es tal la importancia acerca de esta iniciativa de reforma ya que se estima que más de 4.6 millones de personas en México están empleadas bajo alguna figura de subcontratación laboral. Se calcula que 200,000 empleos son los que se añaden cada año al conteo de registros de trabajadores bajo alguna figura de subcontratación. También el gobierno federal calcula en 20,000 millones de pesos la cifra de evasión de impuestos por malas prácticas de subcontratación laboral.

Desde el 2012 año en que llegó la reforma laboral, este tipo de subcontratación ha sido alabada por empresarios quienes saben que esto disminuye muchos costos a la hora de contratar y capacitar al personal. Pero también ha recibido duras críticas por defensores de los derechos laborales y, además, es muy temida por los trabajadores puesto que se presta a actividades irregulares como la imposibilidad se generar antigüedad, la mala o nula inscripción en el Seguro Social o la evasión de las prestaciones de ley como lo son las utilidades o aguinaldo.

Desde hace tiempo se había exigido por luchadores sociales que este tipo de subcontratación dejara de funcionar o por lo menos se regulara para que los trabajadores pudieran tener antigüedad, seguro social, aguinaldo, afore para tener un retiro que asegure una vejez digna, derechos como el Infonavit y hasta vacaciones junto con prima vacacional.

La afectación al empresariado podría ser con respecto a los costos que ahora tendrían que considerar para poder asegurar a los trabajadores sus derechos laborales los cuales en algunas empresas han sido ignorados o completamente olvidados. De parte del sector empresarial ya se escucha inconformidad en cuanto al tema pues consideran que esta iniciativa de reforma afectaría la inversión privada y provocaría el desquebrajamiento de más empresas sumadas a las que ya han sido afectadas en esta pandemia, algo que de igual manera el gobierno de AMLO debería contemplar para poder beneficiar a ambas partes: al sector empresarial y a trabajadores.

El que haya consenso entre el gobierno federal, empresariado y trabajadores ayudará mucho para que a todos se les puedan respetar sus garantías, es preocupante el bienestar de los trabajadores, es importante la inversión privada pero también es muy necesaria la regulación del gobierno.

Este tipo de iniciativas que ha realizado el Ejecutivo responden a un patrón que es unísono en muchos temas, y ese es la búsqueda del presidente por obtener mayores recursos  para poder implementar sus programas y acciones como parte de su proyecto de nación.

En estos días veremos si el gobierno de la 4T obtiene un logro más en cumplir uno de sus propósitos para seguir encaminado a realizar una transformación en materia laboral que tenga el trasfondo adecuado para que también se pueda evitar la defraudación al fisco que, como ya se comentaba,  es alarmante porque provoca corrupción, lo cual se ve reflejado en los recursos que no llegan a la federación para poder ser usados por el gobierno para que se destinen a los rubros necesarios.

De igual manera la respuesta de la clase empresarial podría ser muy interesante para darle seguimiento, pues esta iniciativa vuelve a prender los focos rojos ya que de aprobarse podría provocar un cambio significativo y muy contundente que va a incidir en gran manera en el ámbito laboral y en el desarrollo en el país.


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Acerca del autor: César Guzmán es egresado de la carrera de Ciencia Política de la UNAM y actualmente ejerce como funcionario público en la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

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1 comentario

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  1. Carolina crisantos noviembre 16, 2020 — 6:07 pm

    Muy interesante felicidades César

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