Héctor Sánchez

Correo: sanchezhector@politicaladvisorsapc.com


El imperio de la ley es definido por la Enciclopedia Jurídica en su edición del año 2020 como una expresión doctrinal que “designa el régimen jurídico en el cual los gobernantes y sus agentes se hallan sometidos, para sus decisiones particulares, a la observancia de las normas de derecho sentadas por las leyes y los reglamentos.”[1] Mientras que por otro lado, Gema Marcilla Córdoba menciona que “la expresión imperio de la ley alude a un ideal regulativo sobre el ejercicio del poder. De acuerdo con dicho ideal, la legitimidad del poder reside en que su actuación se ajuste a lo establecido por normas jurídicas preconstituidas.”[2] Tanto la definición de la Enciclopedia Jurídica como la de Marcilla Córdoba nos hablan de un conjunto de leyes adecuadamente elaboradas que, bajo un principio normativo, deben ser respetadas y acatadas de manera igual por gobernantes, ministros, funcionarios públicos, etc., así como por ciudadanas y ciudadanos de a pie, sin importar clase social, etnia, ideología política o nivel académico. Hay un sometimiento jurídico para todas y todos los integrantes de un Estado bajo el principio normativo de un imperio de la ley.

Por su parte, O’Donnell dice que “el imperio de la ley no es simplemente un manojo de reglas legales […]; es un sistema legal, un conjunto de reglas que tiene varias características fundamentales además de la de haber sido adecuadamente promulgado.”[3] Y es que la democracia y su análisis para América Latina queda, como él mismo lo menciona, en un nivel intermedio, en donde la democracia no debe ser entendida estrictamente como un mero tipo de régimen político ajeno a características del Estado y sociedad, pero tampoco como un mero formalismo político o un simple atributo dependiente de cuestiones socioeconómicas. El autor sostiene que dicho nivel intermedio consiste en el grado de efectividad del imperio de la ley. No basta con tener en la Carta Magna a tinta y papel autonomía y responsabilidad, derechos y obligaciones para todas y todos, sino que estos deben hacerse valer de manera igual bajo un Estado de derecho, en donde el imperio de la ley no esté a disposición de un poder a conveniencia y pueda llevarse a cabalidad.

América Latina y la aplicación desigual de la ley

América Latina es un caso sui géneris en lo que respecta a la teoría de la democracia. Las diferentes naciones que conforman el territorio latinoamericano se ven sometidas a un arrastre histórico de condiciones y características propias de un mundo distinto a Europa o de la herencia que tanto Estados Unidos y Canadá conservaron de ese mundo desarrollado. O’Donnell menciona algo muy importante, los derechos políticos se obtuvieron / otorgaron antes que los derechos civiles en Latinoamérica, aunque obviamente a cuentagotas, en donde el derecho a participar por medio de un sufragio cada vez más universal en una poliarquía de estas significa estar en una democracia formal, pero al fin democracia. Sin embargo, son los derechos civiles los que siguen siendo objeto de disputa aún hoy en día; mujeres, jóvenes, grupos indígenas y demás grupos vulnerables son las y los protagonistas que evidencian que la democracia necesita de un auténtico imperio de la ley, no uno a medias o a conveniencia.

Como se mencionó anteriormente, una democracia fuera del formalismo de régimen político necesita que el imperio de la ley sea aplicado de manera igualitaria para que los derechos y obligaciones, en el terreno de autonomía y responsabilidad sean ejercidos por la ciudadanía en su conjunto y por lo gobernantes. Sin embargo, la calidad de vida que se ofrece (o más bien se obtiene con uñas y dientes) en América Latina, en donde el poder adquisitivo termina por ser menor que el valor de la canasta básica, en donde la brecha educacional es abismal entre ciertos grupos y otros, en donde las propias autoridades judiciales (mismas que son las encargadas del bienestar de la sociedad) son sometidas a un ambiente de supervivencia ilegal y en donde el poder político se utiliza para proteger privilegios e intereses particulares en lugar de ejercerlo para un bienestar social, termina por crear un círculo de corrupción en donde casi todo nivel social se ve involucrado.

Como se mencionara en uno de los tantos diálogos que aparecen en el clásico fílmico, Los olvidados, de Luis Buñuel, “con el estómago lleno, todos somos mejores.” El bajo nivel socioeconómico en Latinoamérica obliga a que un simple ciudadano recurra a la evasión de impuestos, a que un oficial de policía tenga que extorsionar a una cantidad mínima de personas a diario para incrementar sus ingresos mensuales y a que una gobernadora pueda aprovecharse de esto para usar recursos públicos y poder condicionar el voto en una elección, comprar lealtades en forma de clientelismo o deshacerse de personas incómodas para sus intereses. Hay un círculo vicioso que impide que el imperio de la ley sea llevado a cabalidad. Sin embargo, ¿qué hay de las instituciones que deberían garantizar que dicho principio normativo sea respetado? A juicio personal de quien escribe estas líneas, dichas instituciones no están exentas de tal tradición del poder a conveniencia en Latinoamérica, pues el imperio de la ley se ve negociado con instituciones que responden a quien por medio de poder político o económico pueda rodear o definitivamente evadir las leyes que se han hecho para todas y todos. El Estado de derecho más bien parece estar a merced de quien pueda pagarlo o cuente con capital social que le brinde privilegios, mismos que en teoría son patrimonio universal de toda la ciudadanía.

Lo que nos deja el caso documentado de Presunto Culpable en México

Como ejemplo específico, la investigación que se realizó sobre el caso de José Antonio Zúñiga sin duda alguna es una muestra viva de que el imperio de la ley y el Estado de derecho en México no se llevan a cabalidad. A lo largo de la hora y treinta minutos de la cual se compone el documental Presunto culpable, elaborado por Layda Negrete y Roberto Hernández, nos percatamos de que el sistema penal de justicia mexicana opera bajo una tradición de corrupción, omisión e impunidad con respecto a tantos miles de casos como el de ‘Toño’ Zúñiga. Y es que desde un principio, se habla ya de antecedentes por parte de estos dos investigadores con el cometido de evidenciar la manera en la que dicho sistema judicial ha operado, por lo cual, cansados de que a la tinta y papel no voltearan a ver, decidirían optar por filmar todo eso desde las entrañas de la corrupción, específicamente llevando de la mano el caso del presunto culpable anteriormente mencionado, pero que para ese entonces y desde su detención había sido tratado como culpable hasta que se demostrarse lo contrario.

Hay muchas cosas en la investigación por las cuales nos debemos sentir asqueados y avergonzados, pero quizá la mayor de estas es la que se ve reflejada en la poca o nula empatía con la que las autoridades atienden y se dirigen con la ciudadanía de a pie. Con esto no quiero apelar a que se dé un trato preferencial a cada persona que llegue detenida o aprehendida por las autoridades, sino todo lo contrario, simplemente se espera lo estipulado jurídicamente y que cada persona reciba un trato justo, el que marca el imperio de la ley, solamente eso. Y es que lo que observamos en el documental es a un juez que en algunas situaciones parece burlarse de la persona presa y a un comandante de policía con una actitud de superioridad tras saberse impune. Esto expresa tantas cosas acerca del clima de impunidad, corrupción e incluso violencia en el que se encuentra México, pero que puede verse sintetizado en la frase con la que la abogada acusadora responde a los cuestionamientos por parte de José Antonio Zúñiga: “¿que por qué lo acuso?… porque es mi chamba”, seguida de una sonrisa carente de realidad y empatía con la vida que estaba en juego.

Ahora bien, en el terreno de lo formal, se menciona que a José Antonio Zúñiga se le detuvo sin una orden de aprehensión y se le realizó un estudio Harrison para comprobar si poseía pólvora en las manos, y a pesar de que las pruebas fueron negativas y se hicieron del conocimiento de las autoridades, lo cual implicaba que los cargos por los cuales se le acusaba quedaban invalidados, éste seguía con la condena de veinte años. Después de todo, el mismo sistema y sus autoridades no querían reconocer el error, pues esto significaría que este y otros procesos habían sido errados por estos. No convenía bajo ninguna circunstancia que se pusiera en jaque al podrido sistema judicial de la Ciudad de México, más aún con una cámara lista para exponerlos. Es por eso que no les importó dejar a un presunto inocente bajo las rejas, quitándole dos años y medio de su vida.

¿Qué pasa?

¿Qué pasa cuando los que deben velar por la seguridad y protección de la ciudadanía son los mismos perpetradores de la inseguridad y violencia en varios sentidos? Pasa que se obtiene un círculo vicioso, en donde se detiene y encierra a los que no deben y no tienen, deformándolos ya al interior de los reclusorios en la mejor de las escuelas criminales, para después sacarlos corrompidos a una sociedad que en su mayoría les muestra un rechazo, orillándoles a las calles, en donde acompañarán a los que desde un principio debieron estar en ese sitio, obteniendo a su vez un número mayor de hechos delictivos de toda índole. Es un círculo vicioso, uno que es reproducido por las autoridades judiciales que no reflexionan en sus actos y que solamente velan por su interés propio.


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Referencias

[1] Enciclopedia Jurídica, edición 2020.

[2] Córdoba, G. M. (2014). Imperio de la ley. EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad, 177-185. Pág. 177.

[3] O´Donnell, Guillermo, 2002, “Las poliarquías y la (in) efectividad de la ley en América Latina”, en Juan Méndez, Guillermo O´Donnell y Paulo Sérgio Pinheiro, comps., La (in) efectividad de la ley y la excusión en América Latina, Buenos Aires/Barcelona/México, Paidós, pág. 324.


Acerca del autor: Héctor Sánchez es estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública y Sociología.

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