By Lesly Ruiz

Correo: leslyruiz13@politicaladvisorsapc.com

Por mucho tiempo hemos escuchado la frase “Renovarse o morir”, que debe aplicarse a todos los sectores, esto implica a nivel realidad llevar la digitalización a cada espacio en este mundo globalizado; para una mejor competencia entre países en todos los sectores, sobre todo el económico.

En la actualidad la emergencia sanitaria ha puesto a las empresas en una posición complicada, ya que el medio de contacto ha sido un monitor, por lo que han tenido que optar por digitalizar el mercado, obligando a la población a entrar a este mundo. ¿Pero realmente estamos preparados?

Organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) han insistido en la importancia de elaborar una política digital con un enfoque de gobernanza, coordinación multisectorial y con una visión holística que considere las distintas ramas de política pública a cargo del Estado.

En México desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2013 en materia de telecomunicaciones, el acceso a las TIC, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones incluido el de banda ancha e internet, fue reconocido como derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Es decir, han pasado más de siete años y dicha garantía no puede hacerse efectiva, teniendo como énfasis la importancia actual del acceso a las TIC que permitan atender la emergencia de forma eficiente, habilitar el trabajo y la educación interactiva a distancia, proveer acceso a servicios básicos y facilitar las comunicaciones, pero también que consideren el rol fundamental que la digitalización puede tener como catalizador de la reactivación económica.

Algunas de las recomendaciones que la OCDE ha señalado para dicha transformación digital pasan por los siguientes aspectos.

  • Políticas marco. Se refiere a políticas de apertura de mercados, fomento a la inversión y competitividad, tendientes a limitar la incertidumbre y favorecer un ambiente para el crecimiento de la economía digital.
  • Infraestructura y servicios digitales accesibles. Relativo a la importancia de contar con redes y servicios de banda ancha, datos, software y hardware, que sean eficientes, confiables y accesibles.
  • Hacer que la transformación digital trabaje a favor de la economía y la sociedad. Se refiere a la necesidad de contar con políticas que habiliten el uso efectivo de tecnologías digitales por trabajadores, empresas y gobiernos, que promuevan innovación y atiendan retos de sectores específicos en la economía, así como políticas que empleen herramientas digitales para mejorar el bienestar, incluyendo la provisión de un acceso más equitativo a servicios públicos.
  • Uso efectivo. En este apartado, la OCDE enfatiza la importancia de las habilidades, incluyendo habilidades especializadas y genéricas en TIC y algunas complementarias, como procesamiento de información, auto-orientación, comunicación y solución de problemas. De igual manera, subraya la importancia de que las empresas tomen en cuenta en sus procesos los riesgos específicos relacionados con el uso de tecnologías digitales, particularmente en relación con seguridad digital y protección de la privacidad.
  • Innovación y efectos de las tecnologías digitales en sectores específicos. Reconoce la utilidad de las tecnologías digitales para fomentar el crecimiento económico, incluso mediante efectos indirectos (spillover effects) dentro y a través de distintos sectores, para contribuir a la atención de retos de política en una amplia variedad de áreas, como la educación, finanzas, seguros, salud, transporte, energía, agricultura, pesca, ya sea entre o al interior de los países.
  • Confianza y apropiación. Mayor cooperación en el desarrollo de estrategias nacionales exhaustivas y coherentes para la seguridad digital y la privacidad a través de la economía y la sociedad, con un enfoque en temas como protección de datos personales, resiliencia de infraestructuras críticas (e.g. agua, energía y finanzas), incentivos (e.g. compras públicas, ciber-seguros), salud pública y seguridad, PyMES, desarrollo de habilidades y la importancia de los esquemas de protección de los consumidores en el comercio electrónico y otras actividades en línea, para que la economía digital pueda florecer.
  • Adaptación social a la transformación digital. Relativo a la importancia de atender riesgos derivados de la evolución tecnológica, por ejemplo, la reducción de empleo en algunos sectores y los cambios de modelo en mercados laborales.

Durante 2020, año en el que muchos países y regiones adoptaron estrategias orientadas a acelerar la transformación digital para reactivar sus economías y mitigar los estragos originados por la pandemia derivada de COVID-19, el Estado mexicano no solo se mantuvo pasivo en esta materia, sino que adoptó una serie de decisiones que resultan contrarias al objetivo de digitalización nacional, en las que intervinieron principalmente los poderes ejecutivo y legislativo, entre las que destacan:

• Reformas a la Ley Federal de Derechos que elevaron los montos que deben cubrirse por el uso de ciertas bandas del espectro radioeléctrico (ver Capítulo III, inciso vi).

 • Reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado que prevén sanciones como el bloqueo de acceso al servicio digital de prestadores de servicios digitales que incumplan con ciertas obligaciones fiscales (ver Capítulo III, inciso vi).

• “Cancelación” de la Subsecretaría de Comunicaciones de la SCT (ver Capítulo III, inciso ii).

 • Reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal que establecen mecanismos que se pueden considerar de censura en internet, como el de “notificación y retirada” (ver Capítulo III, inciso vi).

• Iniciativa (aprobada hasta ahora en la Cámara de Diputados) de reformas a la LFTR, que propone crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y contempla la cancelación de líneas de telefonía móvil que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes, lo que podría dejar sin acceso a servicios móviles a millones de usuarios (ver Capítulo III, inciso vi).

En conclusión, se requiere de un trabajo legislativo que pueda dar respuesta a las necesidades actuales que nos permitan avanzar al mismo paso, la digitalización actualmente es una necesidad que tiene que ser atendida con urgencia, ya que de no tenerlo en cuenta puede implicar un atraso inminente en todos los sentidos

Con tu apoyo podremos crear más y mejor contenido ¡Ayúdanos a seguir creciendo!

Referencias:

OECD (2017), OECD Digital Economy Outlook 2017, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en 9

Acerca del autor: Lesly Ruiz es Lic. En Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.