Correo: carlos.sanchez@politicaladvisorsapc.com
A lo largo de los últimos días el caso del ex secretario de la Defensa Nacional se ha convertido en un tema de trascendencia internacional. Después de que se diera a conocer la noticia por parte del gobierno de Estados Unidos, que la Fiscalía General de aquel país había decidido retirar los cargos en contra del general Cienfuegos, la sospecha, la desconfianza y la duda se apoderaron de la opinión pública, pues es de sobra conocido que las prácticas de procuración e impartición de justicia que prevalecen en nuestro país vecino gozan de una alta eficiencia y prestigio, por lo que, la decisión de retirar los cargos al ex secretario de la defensa tenían un trasfondo no muy claro, en el que es evidente que el gobierno federal ha tenido injerencia.
Las preguntas son, por qué el interés por parte del gobierno federal de negociar con su homólogo norteamericano el retirar los cargos del general Cienfuegos, a cambio de qué el gobierno norteamericano acepto retirar los cargos en contra del imputado. Por qué la fiscalía general de Estados Unidos jamás habría retirado los cargos en contra de un imputado de una forma tan sencilla, y más aún cuando se habla de cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Existe cierta obviedad de que los beneficios alcanzados por el gobierno norteamericano con esa negociación son mayores a los que habría obtenido de continuar con el proceso en contra del ex secretario de la defensa.
Ahora, ante tal escenario el gobierno mexicano tiene una bomba de tiempo en las manos, pues de no hacer lo correcto, que es realizar una investigación de calidad, respetando el debido proceso en todo momento y obtener una sentencia condenatoria en contra del ex secretario de la defensa. Una sentencia que sea ejemplar, una sentencia que evidencie lo que en palabras del canciller mexicano Marcelo Ebrard denominó como” el prestigio del estado mexicano”. En el caso de no tener un resultado de tal magnitud, la credibilidad de la 4T se desmoronaría, pues sería evidente la corrupción que aun predomina en las altas esferas de gobierno, pero que se tratan de ocultar o minimizar.
De manera individual no logro entender cuál es el verdadero motivo que llevó al gobierno mexicano a buscar una negociación con el gobierno norteamericano sobre el caso Cienfuegos. Han suscitado varias hipótesis en torno al caso, pero el acuerdo y la negociación son evidentes. Se habla de que el gobierno mexicano habría usado el argumento de como los hechos que se imputan al ex secretario de la defensa se cometieron en territorio nacional, debe ser juzgado por autoridades mexicanas, y sancionado conforme a las leyes mexicanas. Pero lo que también es cierto, es que los hechos que se le imputan al general Cienfuegos, tuvieron repercusiones en suelo estadounidense, de ahí que las autoridades norteamericanas le iniciaran una investigación, de la cual resultaron las imputaciones directas que la fiscalía general de Estados Unidos sostenía en contra del ex secretario de la defensa. Lo incierto y raro es que la fiscalía general de la república no tenía conocimiento alguno respecto de hechos delictivos atribuibles al general Cienfuegos, ahora resulta que no sabían nada, que son los últimos en enterarse. Por todas estas sospechas, es necesario que el gobierno mexicano deje muestra clara de que no se trata de un acto circense más, actos a los que ya nos tienen acostumbrados. Este puede ser un caso con el que se arruine la esperanza de un gobierno a la altura de las exigencias de la ciudadanía, o bien la confirmación de que las cosas pueden ser diferentes.
Acerca del autor: Carlos Sánchez es Abogado, Economista e Ingeniero; interesado en la divulgación de conocimiento objetivo, crítico y pertinente de los temas de actualidad.
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