By Lesly Ruiz

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“Un niño que trabaja pierde más de lo que gana”

A diario hablamos de la protección de los derechos de los trabajadores, pero es obvio que cuando nos referimos a los trabajadores, el Estado solo reconoce a aquellos que tienen el derecho al trabajo, es decir, todas aquellas personas reconocidas jurídicamente como ciudadanos (mayores de edad), pero qué sucede cuando la necesidad lleva a los niños a dejar de jugar con muñecos y los lleva al campo a trabajar, a llevar la comida a su hogar. Por lo que debemos poner sobre la mesa un tema importante: Los niños están saliendo a trabajar, están migrando, renunciando a la educación, a sufrir inclemencias de salud, higiene y bienestar y lo más importante: ¿Qué estamos haciendo respecto al tema?

 Los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo, que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos del campo. Debido al desigual desarrollo del país, muchos trabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay trabajo y, en muchos casos, tienen que hacerlo en compañía de su familia, que es también puesta a trabajar, incluyendo sus hijos.

Las niñas y los niños, hijos de jornaleros, son un grupo vulnerable, que merece atención, puesto que para el año del 2016, 44% de los hogares de jornaleros agrícolas contaban con al menos un niño o niña trabajador, y sus ingresos se acercaban al 41% de los del total familiar (Unicef México). Los datos arrojados aseguraban que un 44.9% de estas familias son indígenas, por lo que para ellos sus usos y costumbres, la cultura y el idioma se ven expuestas al cambio, a una violencia intangible, a resistir condiciones diferentes a su ambiente haciéndolos doblemente vulnerables.

A lo largo de la historia de México es común notar cómo la indiferencia campesina ha sido en gran medida una respuesta racional al sistema económico y social que restringía el campo de oportunidades económicas a su alcance y los privaba rápidamente de los excedentes. (Hansen, 2016). Además, si sumamos a esto la sectorización gradual dependiendo de la zona en la que se encuentran, por mucho tiempo no han sido las mismas condiciones del sur respecto al norte.  Por lo que como resultado nos da un sector bastante frágil y necesitado.

Hasta ahora no ha habido una política pública que resuelva los problemas de educación, salud y vivienda que enfrenta este sector. De 1990 a 2018 operó el Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (PAJA), a cargo de la hoy llamada Secretaría del Bienestar. Su objetivo era reducir las condiciones de vulnerabilidad de estos trabajadores con servicios de salud, educación y con la construcción y el manejo de albergues. Pero desde el 2019 en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año (PEF), ya no aparece.

Las instituciones encargadas de proveer de vivienda, alimentación y salud a grupos vulnerables; en este caso la Secretaria de Bienestar nos esta quedando a deber, ha dejado olvidados a algunos sectores que requieren con urgencia especial atención. Si bien los programas no erradicarán por completo la existencia del problema por lo menos puede dignificar y apoyar en la búsqueda de una realidad diferente a los niños que se han convertido en la resistencia del campo.


BIBLIOGRAFIA

Gob.mx. (s.f.). Atención a Jornaleros Agrícolas. Recuperado el 15 de octubre de 2016, de www.gob.mx

Hansen. (2016). La política del desarrollo mexicano. Esapaña: Siglo veintiuno editores.

Jr, C. W. (1963). The Political Economy of Mexico. U.S.A.: University of Wisconsin Press.

Unicef México. (s.f.). Recuperado el 15 de octubre de 2016. http://www.unicef.org/mexico/spanish/17044_17516.httml


Acerca del autor: Lesly Ruiz es Lic. En Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.