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La manera en la cual se administran los recursos no renovables ha sido un tema de discusión, por lo menos, en las últimas décadas. Entre quienes opinan a favor y en contra de la liberalización del sector y entre quienes apuestan por continuar con la herencia nacionalista y la de darle mayor competitividad y apertura al sector. El debate nuevamente se reavivó el pasado 1 de febrero, en el que el jefe del ejecutivo envío una propuesta preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.
El presidente López Obrador ha comentado que se ha buscado debilitar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y transferir sus funciones a empresas particulares en sexenios anteriores. Como premisa en mente, el ejecutivo federal busca limitar la generación de electricidad a particulares y darle mayor protagonismo a la CFE.
Apenas el pasado martes 23 de febrero, la cámara de diputados aprobó la reforma del presidente, con 304 a favor, 179 en contra y 4 abstenciones. En unos días, la reforma pasará al Senado. Revisemos primero de dónde venimos para saber cómo hemos llegado aquí.
El sistema eléctrico en México: una mirada histórica
El sistema eléctrico mexicano se remonta a la segunda mitad del siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz. En 1879 comienza la electrificación del país con la instalación de la primera planta termoeléctrica, la cual fue transcendental en el consumo eléctrico de la industria textil y minera.
Para comienzos del siglo XX, se buscó expandir el sistema eléctrico nacional. Con la construcción de la primera planta hidroeléctrica en Batopilas, Chihuahua, se abasteció luz en el comercio, alumbrado público y el suministro a casa-habitación. En aquella época, el servicio eléctrico se presentaba en las grandes ciudades y en sectores con poder adquisitivo elevado.
Con la creciente demanda en el país, el gobierno creó un ente estatal para el suministro de la electricidad en México. En 1881, se creó la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica. Nacida como una subsidiaria de la empresa alemana Siemens Halske, y antecesora de Luz y Fuerza del Centro, fue la responsable de abastecer el alumbrado público del centro del país. Para lograr una cobertura más amplia, empresas extranjeras primordialmente canadienses miraron a México como un mercado potencial importante: la Mexican Light and Power, la American and Foreing Power y la Compañía Eléctrica de Chapala.
La empresa canadiense Mexican Light and Power crecía en importancia y dominio en el sector. Esta empresa, que en su época se colocó como la más importante en América Latina, fue responsable del primer gran proyecto hidráulico en Necaxa, Puebla que abastecía al entonces Distrito Federal, Hidalgo, Puebla y Michoacán. Dando una apertura a la clase obrera del sector, y con una estrategia de adquisiciones, logró controlar más del 50% del ramo eléctrico del país. El ascenso de Madero y la Revolución Mexicana dieron pie a la sindicalización del sector, por lo que se crea el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Ante la injerencia de canadienses en el sector, la salida de capitales y la falta de un proyecto de país que encaminara a su desarrollo, el Estado promulga el artículo 27 de la Constitución de 1917. En dicho artículo, se estipulaba la posibilidad de intervención del gobierno en los recursos naturales de la nación. Fue en la presidencia de Abelardo Rodríguez en que se crea la CFE y se reconoce al sector eléctrico como “público”, en la del General Cárdenas donde el gobierno asumía el control del recurso eléctrico público y en la de Miguel Alemán donde la CFE tenía un carácter descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Para la década de los 30s, con datos de la CFE, México tenía 18.3 millones de habitantes. Solamente 7 millones eran abastecidos, con tres empresas eléctricas, lo que equivalía al 37% de la población. Mientras tanto, el otro 63% restante vivía en zonas rurales con servicios básicos limitados. Con este panorama en mente, la empresa formó sus primeros proyectos en zonas rurales en Guerrero, Oaxaca y Sonora. Con el fin de agilizar la industrialización y desarrollo del país, el presidente López Mateos promueve en 1960 una reforma al artículo 27 para nacionalizar la industria eléctrica nacional. En aquella época, se marcó como competencia exclusiva del estado el generar, conducir, transformar y distribuir la energía eléctrica.
De ahí a la fecha, el crecimiento de la manufactura ha impactado significativamente a la industria eléctrica en México. En el documento Reforma eléctrica en México, los incentivos que están detrás del proceso político, existe evidencia suficiente que demuestra que la eficiencia en la industria eléctrica es esencial para mejorar las perspectivas de crecimiento de México a largo plazo. Por lo tanto, era necesario cubrir los cuellos de botella con una política económica abierta a la inversión privada.
La reforma energética, planteada en 2013, buscaba que la CFE y particulares trabajaran en conjunto para reducir los costos y elevar la productividad y eficiencia del sector eléctrico. A su vez, para dinamizar el sector, se reforzó las competencias de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, así como también caminar hacia una economía verde mediante un mercado administrado por el Estado y conducido por un operador independiente.
La reforma de la reforma al sistema eléctrico mexicano
La reforma, ahora propuesta en 2021, busca modificar el esquema legal del aprovechamiento de la energía eléctrica. Entre los elementos más destacados se encuentran:
- Acaba con el operador independiente de energía del Estado, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para dar prioridad a las plantas hidroeléctricas de CFE.
- La CFE estaría obligada a comprar energía a través de subastas, sin importar la planta o fuente de la que provenga la electricidad.
- Los Certificados de Energía Limpia (CEL) podrán otorgarse a cualquier productor de energía, sin importar si las plantas son nuevas o antiguas. Ello implica que puedan perderse los incentivos para invertir y crear nuevas plantas.
- Revoca permisos a pequeños generadores de autoabastecimiento bajo la anterior ley. Tales permisos podrán ser revocados por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Bajo este nuevo esquema legal, existen preocupaciones en torno a la libre competencia, el medio ambiente y la competitividad del sector eléctrico del país.
Las reacciones ante la nueva reforma
Académicos, especialistas y líderes empresariales del ramo argumentan que, de aprobarse esta ley, existen riesgos para la competitividad del sector y la economía de los hogares mexicanos.
De ratificarse esta ley, los consumidores mexicanos podrían pagar más por el servicio eléctrico. Hoy en día, México depende enormemente de combustible para la generación de electricidad. El uso de combustible ineficiente y contaminante implicaría un alza en las tarifas de los usuarios, lo cual llevaría al uso de subsidios por parte del gobierno. Se abre una discrecionalidad en el gasto y fragilidad en las finanzas de la CFE.
Otros de los riesgos que está relacionado a la transición hacia energías renovables. Al eliminarse el incentivo para que el sistema compre electricidad más barata, se destruye no sólo la eficiencia derivada de la competencia entre productores, sino que también inhibe la generación de fuentes renovables. De igual manera, al otorgar certificados CEL a cualquier productor que tenga una planta generadora de electricidad, destruye el incentivo de crear nuevas plantas renovables en el sector.
Además, los expertos argumentan que la ley no es congruente con las leyes mexicanas ni con los acuerdos suscritos en el exterior. Esta ley no sólo es violatoria al Tratado México-Estados Unidos, sino que también vuelve inviable las inversiones del sector. Asimismo, es violatoria en materia de empresas propiedad del Estado al beneficiar a un ente estatal por encima de los demás.
Reflexiones sobre del sector eléctrico en México
Con todo y sus claroscuros, el proceso de centralización de la generación de la energía eléctrica trajo sus beneficios en cobertura y desarrollo del país. Sin embargo, ante una industria manufacturera en crecimiento, se requieren servicios de calidad que busquen tarifas competitivas. Ante este escenario, se requirió colaborar de la mano con la iniciativa privada para impulsar un desarrollo compartido.
Más allá de una visión paternalista, el estado debe promover esquemas de competencia donde los consumidores sean los principales beneficiarios. Donde las empresas, con la debida regulación, puedan aportar en la transición hacia esquemas más sostenibles. Donde exista un terreno nivelado de juego donde las empresas y el Estado se conviertan en socios estratégicos, y no en rivales acérrimos.
La industria eléctrica del sector puede todavía ser competitiva. Con regulación clara a favor de los consumidores y el medio ambiente.
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Referencias
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IMCO (2021, febrero). Es un retroceso para México la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. Recuperado 27 de febrero de 2021 de https://imco.org.mx/es-un-retroceso-para-mexico-la-iniciativa-a-la-ley-de-la-industria-electrica/
Terán, Andrea (2013, agosto). Análisis histórico de la nacionalización de la Comisión Federal de Electricidad y sus implicaciones políticas y económicas para México. Recuperado 27 de febrero de 2021 de http://www.amhe.mx/jornadas/ponencias2015/Bobadilla%20Andrea%20Ter%C3%A1n%20-%20An%C3%A1lisis%20hist%C3%B3rico%20de%20la%20nacionalizaci%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Federal%20de%20Electricidad%20y%20sus%20implicaciones%20pol%C3%ADticas%20y%20econ%C3%B3micas%20para%20M%C3%A9xico.pdf
Acerca del autor: Carlos Silva es maestro en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por la EGADE Business School. Posee una licenciatura en Administración de empresas y cuenta con especialidades y diplomados en innovación y gestión en Yale University, University of British Columbia (UBC) y UC Berkeley. Actualmente, es docente en el Tecnológico de Monterrey y es estratega de datos para empresas de tecnologías de información.
Buenísimo el post. Un cordial saludo.