Por: Blake Mattias Ballina Sanabria, Emiliano Rodriguez Acosta, Gonzalo Aminadas Valdovinos Bautista*

La reciente reforma judicial de México de septiembre de 2024 plantea que los jueces y magistrados sean elegidos por el voto popular, al eliminar el método tradicional de selección basado en trayectoria, conocimientos y experiencia. Este cambio abre la puerta a la politización de la justicia, ya que los candidatos dependen de la simpatía de los electores y, por ende, de estructuras partidistas que podrían influir en su nominación y financiación de campañas. En un país donde la compra de votos y el nepotismo electoral son prácticas comunes, esto significa que el partido en el poder, con su gran capacidad, podría colocar a jueces a su modo, al restar así el principio de autonomía judicial (Statistical Research Corporation, 2025).

El reciente anuncio de la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incluida su presidenta Norma Piña, es una clara señal del descontento dentro del Poder Judicial. Estas dimisiones no son casualidad, sino una respuesta directa a la presión que el gobierno ha ejercido sobre el máximo tribunal del país (Wachauf, 2024). En los últimos años, la SCJN ha sido el último bastión de equilibrio frente a un Poder Ejecutivo cada vez más autoritario. Su debilitamiento representa un paso más en la consolidación del control absoluto de un partido sobre las instituciones.

La historia de América Latina está llena de ejemplos de cómo el debilitamiento del Poder Judicial es el primer paso hacia la dictadura. En Venezuela, Hugo Chávez modificó la estructura del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar fallos en su favor. En Nicaragua, Daniel Ortega consolidó su control sobre la Corte Suprema para justificar su reelección indefinida y la persecución de opositores. Hoy en México, el gobierno federal parece seguir el mismo camino, someter al Poder Judicial para que sea un mero brazo ejecutor de sus intereses.

Uno de los principios fundamentales de cualquier democracia es la separación de poderes. En este sentido, en una entrevista con Armando Álvarez García, abogado postulante y profesor de sistema penal oral acusatorio, advirtió: «El equipo de personas que van a evaluar a los aspirantes ni siquiera tuvieron oportunidad de ver todos los currículos de las personas candidatas, llevándonos así a un futuro donde los jueces, magistrados y ministros no tendrán la experiencia y los conocimientos adecuados, llegando así a un puesto importante por la convicción del partido político en el que militan, colocando en duda la impartición de justicia aquí en México.» Si el Poder Judicial pierde su independencia, deja de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta de represión. Un juez elegido por el pueblo, pero financiado por el gobierno, tendrá compromisos políticos y será vulnerable a presiones. Esto podría traducirse en fallos favorables al partido en el poder, en la criminalización de la oposición y en una impunidad garantizada para aliados del régimen.

Juristas y analistas han expresado su preocupación por este giro peligroso. El constitucionalista José Ramón Cossío, exministro de la SCJN, señaló: «La elección popular de jueces es una pésima idea. No garantiza independencia ni imparcialidad; por el contrario, compromete la administración de justicia con intereses políticos» (Raziel & Jiménez, 2025). Por su parte, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, alertó que «esto nos acerca peligrosamente a un escenario donde el Ejecutivo tenga un control absoluto sobre la justicia» (Raziel & Jiménez, 2025).

Si esta reforma se consolida, las consecuencias podrían ser devastadoras. El politólogo Pedro Froylán Sanabria Gómez nos afirmó, en una entrevista, que «Ahora los impartidores de justicia como los jueces, magistrados y ministros van a pasar a ser figuras políticas que van en busca de la aprobación de la ciudadanía a la apertura del apoyo y vinculación de los partidos políticos a las candidaturas». Es claro que ahora se abriría la puerta a un gobierno sin frenos ni contrapesos, donde el partido en el poder tendría la facultad de controlar el aparato judicial. Las libertades civiles, la seguridad jurídica y la garantía de un juicio justo podrían verse comprometidas. Además, la confianza en las instituciones se deterioraría aún más, al sumir al país en una crisis de legitimidad.

Frente a este panorama, la sociedad civil debe reaccionar. No se trata de una lucha partidista, sino de la defensa de la democracia. Es fundamental que los ciudadanos exijan transparencia, información clara y, sobre todo, que participen en el debate público sobre las reformas que están en juego. La independencia del Poder Judicial no es un lujo, sino una garantía de justicia y equidad para todos los mexicanos.

La historia nos ha demostrado que los regímenes autoritarios no se instalan de un día para otro. Se construyen paso a paso, debilitando las instituciones democráticas hasta convertirlas en simples títeres del poder. Si no detenemos esta reforma ahora, podría ser demasiado tarde para cuando queramos recuperar lo que hemos perdido.

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Referencias

Wachauf, D. (2024). Norma Piña y siete ministros renuncian a la Suprema Corte; dimiten a participar en la elección de juzgadores. El Universal.

Statistical Research Corporation S. A de C. V. (s/f). ¿Cómo será la elección de jueces y magistrados en México.

Raziel, Z., & Jiménez, E. C. (2025). Las presiones políticas que llevaron al límite la integración de las listas de candidatos a la elección judicial. Ediciones El País.

*Acerca de los autores: Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales de la Universidad del Valle de México Campus Toluca.