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El desplazamiento interno es un fenómeno en el cual las personas o grupos de personas se ven forzadas u obligadas a escapar de su hogar o de su lugar de residencia habitual, sin cruzar una frontera estatal internacionalmente reconocida; en México se ha convertido en un fenómeno complejo y multidimensional que refleja la convergencia de factores estructurales de violencia, desigualdad y fragilidad institucional, convirtiéndose en un desafío de seguridad nacional y de derechos humanos.
El desplazamiento interno en México ha crecido de manera significativa en los últimos años, teniendo como causas principales: el aumento de la violencia criminal y narcotráfico (el conflicto entre carteles y militarización en estados como Michoacán, Zacatecas y Sinaloa), los conflictos agrarios y territoriales (persistencia de tensiones históricas en comunidades rurales e indígenas donde la ausencia de mediación estatal lo permite) , los proyectos extractivos y megaproyectos (en algunos casos como la minería, hidroeléctricas o infraestructura se ven combinadas con prácticas de intimidación que fuerzan a comunidades a abandonar sus tierras; y, los factores climáticos y desastres naturales (Sequías, inundaciones y fenómenos naturales que agravan su vulnerabilidad).
Este fenómeno de desplazamiento no solo implica mover cuerpos de un lugar a otro, sino romper mundos de vida: territorios, símbolos, vínculos y memorias. Al mismo tiempo, abre procesos de reinvención cultural donde los desplazados reconfiguran sus identidades y formas de resistencia. Por diversas circunstancias las familias y comunidades se han visto obligadas a abandonar sus casas, tierras y rituales cotidianos; en pueblos indígenas, la pérdida del territorio no es solo material: es la ruptura del vínculo con la tierra como espacio sagrado.
Cuando la causa del desplazamiento es la violencia, el miedo se convierte en una experiencia compartida, se normaliza la violencia: generaciones jóvenes crecen con la idea de que ser desplazado es “parte de la vida”. Hay un duelo prolongado: pérdida de casa, tierras, muertos sin sepultura digna, proyectos truncos. La comunidad desplazada vive en un limbo entre el pasado perdido y un futuro incierto.
El marco legal si integra leyes que reconocen y protegen algunos derechos de las personas desplazadas, principalmente a través de la Ley General de Víctimas y diversas leyes estatales, sin embargo, una ley general federal específica aún no está plenamente operativa, la aplicación es desigual entre estados, y hay vacíos importantes en tipificación penal, en presupuesto y en coordinación intergubernamental.
El mayor reto al que nos enfrentamos es que no se atiende como una política integral de Estado, sino como hechos divididos. Eso genera un círculo vicioso: violencia → desplazamiento → pobreza → marginación → nuevos conflictos.
El objetivo de las políticas públicas debe buscar reducir la vulnerabilidad y la recurrencia del desplazamiento, proteger a las personas afectadas y habilitar soluciones duraderas (retorno seguro y voluntario, integración local o reasentamiento), mediante un sistema nacional de prevención, respuesta y reparación. Como sociedad podemos empezar a visibilizar el fenómeno y cambiar el discurso, integrar, acompañar y preservar la memoria colectiva.
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Acerca del autor: Lesly Ruiz es licenciada en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
