Por: Jessica Lima Mosna y Rossy Montiel Yañez*
En las últimas décadas, el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema creciente, ante el incremento de los precios de las propiedades y los alquileres, muchas familias de ingresos medios y bajos se han visto obligadas a buscar alternativas fuera de los núcleos urbanos, donde el suelo es más barato y los desarrolladores pueden ofrecer viviendas a precios más accesibles. Sin embargo, esta aparente solución presenta una serie de problemas estructurales que afectan tanto a los nuevos residentes como al desarrollo sostenible de comunidades.
Uno de los principales problemas de estas viviendas asequibles en zonas alejadas es la falta de servicios públicos esenciales. En muchos casos, estas comunidades se construyen sin una planificación urbana integral que contemple la infraestructura necesaria para garantizar una buena calidad de vida. (C.U,2025). Los residentes se encuentran con la ausencia de centros de salud, escuelas, transporte público eficiente, supermercados y otros servicios básicos. (CND,2017).
Como resultado, las familias terminan dependiendo de vehículos particulares para cubrir sus necesidades diarias, lo que incrementa sus gastos y agrava los problemas de tráfico y contaminación en las ciudades. El aislamiento geográfico de estas viviendas también afecta la calidad de vida de sus habitantes. (OHCHR, S.F). Al carecer de opciones de transporte público, muchas personas deben invertir varias horas al día en desplazamientos hacia sus lugares de trabajo o estudio. Este tiempo perdido tiene un impacto negativo en su bienestar, ya que limita su tiempo de descanso, convivencia familiar y participación en actividades recreativas o comunitarias. En muchos casos, este desgaste diario se traduce en mayores niveles de estrés y disminución en la productividad laboral y académica.
Por otro lado, la falta de servicios y conectividad también tiene repercusiones económicas. Los comercios y pequeñas empresas no tienen incentivos para establecerse en estas zonas debido a la baja densidad de población y la falta de infraestructura adecuada. (INEGI, 2021). Esto genera un círculo vicioso en el que los habitantes deben seguir desplazándose a la ciudad para realizar sus compras o acceder a servicios, en lugar de fomentar una economía local que podría fortalecer la comunidad y mejorar su autonomía. Además, el valor de estas viviendas, que inicialmente parecen accesibles, tiende a depreciarse con el tiempo debido a la ausencia de servicios, lo que puede generar una pérdida patrimonial para las familias que invierten en ellas. (ONU.HÁBITAT, S.F).
Otro aspecto preocupante es la desconexión social que se produce en estas comunidades alejadas. Sin espacios públicos adecuados, oportunidades de esparcimiento o eventos comunitarios, los habitantes pueden experimentar un sentimiento de aislamiento. La falta de cohesión social puede tener consecuencias en la seguridad, el sentido de pertenencia y la formación de redes de apoyo entre vecinos, aspectos fundamentales para una vida comunitaria saludable. Si bien es comprensible que los desarrolladores inmobiliarios busquen terrenos más económicos para la construcción de viviendas accesibles, es fundamental que las autoridades y urbanistas exijan una planificación más integral.
Una solución efectiva no debería limitarse únicamente a construir casas a bajo costo, sino garantizar que estas viviendas estén integradas en comunidades funcionales con acceso a transporte, servicios y oportunidades de desarrollo. Una alternativa viable es el impulso de proyectos de urbanización mixta, en los que se combine la construcción de viviendas asequibles con áreas comerciales, espacios recreativos y acceso a servicios básicos.
Asimismo, es crucial que los gobiernos inviertan en la ampliación del transporte público y en políticas que fomenten la descentralización de servicios, para que los ciudadanos no tengan que depender exclusivamente de las grandes ciudades para satisfacer sus necesidades.
El acceso a la vivienda digna no debería traducirse en una exclusión de los servicios esenciales ni en el sacrificio de la calidad de vida. Es necesario repensar el modelo de desarrollo urbano para evitar que las soluciones a corto plazo generen problemas estructurales a largo plazo. Si realmente se busca garantizar un derecho a la vivienda equitativo y sostenible, es fundamental que estas viviendas accesibles estén acompañadas de una infraestructura que permitan a sus habitantes vivir con dignidad y bienestar.
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Referencias:
100 años de los derechos humanos en la Constitución mexicana (s. f.). https://100constitucion.cndh.org.mx/
INEGI, https://www.inegi.org.mx/
*Acerca del autor: Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales de la Universidad del Valle de México Campus Toluca.
